La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, solicitó la elevación a juicio oral de ocho personas acusadas de integrar una red narcocriminal trasnacional, en el marco de una investigación que ya tiene a 31 personas detenidas y a la espera de ser juzgadas. La causa se inició a partir del hallazgo de una avioneta abandonada en mayo de 2022 en el partido bonaerense de Pergamino, que derivó en múltiples medidas investigativas, la incautación de 112 kilos de cocaína, 50 vehículos y bienes.

Al dar por concluida la instrucción, el fiscal Di Lello consideró que las ocho personas acusadas integraban la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes dentro del país y con conexiones en Bolivia, Perú y Paraguay. La investigación contó con asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias.

Los imputados

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal destacó las evidencias recolectadas contra el ciudadano peruano Guillermo William Godoy Ayerbe (51), que en una causa precedente había sido identificado como Fidel Flores y que sería el organizador y financista de distintas maniobras. Según explicó, se registraron múltiples conductas de coordinación y organización del tráfico ilícito de drogas, además de que se comprobó que habría mantenido reuniones con otros imputados donde se habría encargado de transportar bolsos.

Al resto de los acusados se les atribuye actividades logísticas de distribución y comercialización de estupefacientes desde principios de 2023. Se trata

La involucradas son tres mujeres de nacionalidad paraguaya: Analía Berenice Vasquez Barrios (25), Rosalba Barrios Cabello (39) y  Susana Judith Pérez Castillo (35). Además, están involucrados los ciudadanos peruanos Jonatan Ismael Ormeño Sotomayor (41), Antoni Geancarlo Rivera Romero (40) junto con Ramón Maidana (argentino de 71 años) y un menor de edad.

Además, a todos se les imputó el lavado de activos de origen ilícito, ya que habrían comprado distintos bienes producto del tráfico de estupefacientes. Los movimientos de dinero se realizarían de forma habitual y clandestina en “cuevas financieras” de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros locales no identificados.

En las tareas de campo y de inteligencia que se desplegaron durante los años que demandó la pesquisa, la fiscalía destacó el rol del personal del Escuadrón de Inteligencia Criminal “Buenos Aires Sur” de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

39 acusados a juicio

El caso que se inició tras el hallazgo de la avioneta abandonada y con características de lo que se conoce como un “narcovuelo” terminó con la elevación a juicio para debatir la situación procesal de ocho imputados. No obstante, a partir de ese hecho, se desprendió una investigación que permitió identificar una red criminal liderada por un ciudadano de nacionalidad peruana identificado como David Forton Salinas, alias “Piedrita”, que permanece prófugo con orden de captura vigente y que residía junto a su familia en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires.)

A partir de tareas de campo en el lugar y de intervenciones telefónicas se identificaron a otras personas pertenecientes a su grupo familiar, como así también los vehículos que frecuentaban o permanecían estacionados frente al domicilio. La investigación entrelazó diversos elementos a partir de los cuales se probó que el grupo no solo traficaba, sino que también producía drogas sintéticas.

Con el reciente requerimiento fiscal, ya son 39 las personas que llegarán a juicio oral en el marco de la investigación de la red narcocriminal. En los distintos procedimientos que se realizaron, se secuestraron 112 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.785 pastillas de éxtasis, 53 kilogramos de marihuana, 522 plantines de marihuana, 195 mil dólares, 69 millones de pesos y más de 50 vehículos, entre otros elementos de interés como balanzas de precisión y máquinas contadoras de billetes.

A todos se los considera coautores del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte, almacenamiento, distribución y tenencia con fines de comercialización, nacional e internacional, agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberlo cometido de forma habitual o como miembros de una organización o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. A Godoy Ayerbe, además, se la atribuye la organización y financiamiento de tráfico de estupefacientes.