El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe dictó el procesamiento de cuatro personas acusadas de tráfico de estupefacientes en la zona del barrio San Agustín de la capital provincial, en sintonía con lo solicitado por Jorge Onel, titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa provincia. Entre los acusados se encuentra un ayudante del Servicio Penitenciario de Santa Fe que prestaba servicio en Rosario.

La investigación se originó por tareas realizadas por la Brigada Operativa Antinarcóticos que daban cuenta de que en una despensa y una vivienda de la capital provincial un hombre y su pareja , se dedicaban a la comercialización de estupefacientes al menudeo. También se pudo observar la constante presencia de otra pareja, también vendedores de confianza de los dos principales acusados. 

Una posterior pesquisa confirmó que uno de ellos, de apellido Rodríguez, trabajaba como ayudante de tercera del Servicio Penitenciario de Santa Fe en el Instituto de Detención Rosario U3. Dado su carácter de funcionario público y  la gravedad del delito, se ordenó una serie de allanamientos. En una despensa administrada por aquél se incautaron 425 gramos de cannabis, mientras que en la vivienda de la pareja se hallaron 4.080 gramos de marihuana y 33 gramos de cocaína junto con balanzas de precisión y teléfonos digitales. En el domicilio particular de una de las imputadas, se encontraron otros 580 gramos de marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares, mientras que en otra vivienda se incautaron dos plantas de cannabis sativa. 

En su intervención, el fiscal Onel pidió el procesamiento de los cuatro integrantes por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la cantidad de personas y, en el caso de Rodríguez, agravado por su condición de funcionario público. Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que “en su calidad de agente penitenciario tenía a cargo los deberes de prevención y persecución de cualquier tipo de delito”, considerando esto una infracción al deber, por lo que también solicitó la prisión preventiva de los cuatro imputados. 

En su intervención, el Juzgado Federal N°1 respetó las formulaciones realizadas por el fiscal Onel. Al respecto de los pedidos de prisión preventiva, destacó que “Rodríguez es una persona que aún pertenece a la fuerza en que desempeñaba sus funciones, por lo que entiendo que, en caso de obtener su libertad, teniendo en consideración la calidad de funcionario público que reviste el encartado, podría tener mayores posibilidades de recurrir a mecanismos destinados a entorpecer el avance de las investigaciones”, por lo que confirmó los pedidos preventivos junto con un embargo de 170 mil pesos para cada imputado.