El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Félix Crous, solicitó a personal superior y subalterno de la Policía Federal que notifiquen a su fiscalía y a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) el hallazgo de bienes surgidos de actividades ilícitas ligadas al tráfico de estupefacientes y, en ese sentido, recomendó que las investigaciones se centren en los movimientos financieros de los sospechosos.

Crous, junto a sus colaboradores Carolina Varsky y Damián Neustadt, brindó una conferencia en el Ministerio de Seguridad, en el marco de un curso de actualización sobre investigación criminal. Los representantes de la Procunar disertaron en el primer módulo sobre tráfico ilícito de estupefacientes sobre el “Marco jurídico e identificación de recursos institucionales relevantes” para la investigación de la narcocriminalidad.

“Argentina es un bochorno respecto de la registración y administración de los bienes incautados sobre narcotráfico”, indicó el fiscal. “Somos el único país en el mundo en el que no hay una organización seria para administrar los bienes decomisados”, insistió.

Crous remarcó que los bienes secuestrados en las investigaciones “son prueba, pero también fruto de esa actividad ilícita” y, con un “alerta temprano” de parte de la Policía, que es la primera en intervenir en el terreno, “sabremos aproximadamente los montos vinculados al negocio ilegal de estupefacientes”.

El magistrado indicó que “esos bienes podrían utilizarse para fortalecer la actividad persecutoria del Estado, pero no se hace”. Y cuestionó que actualmente sean los jueces quienes administran esos bienes, “que se deprecian o destruyen o en el mejor de los casos terminan siendo utilizados para beneficio propio” de los titulares de los juzgados. “Ustedes conocen mejor que yo cómo funciona esto en las jurisdicciones”, le dijo Crous a los policías, y provocó sonrisas en el público.

El titular de la Procunar explicó que la Corte Suprema de Justicia no arbitró los medios para llevar a cabo un convenio celebrado en 1993 con la SEDRONAR por el cual se acordó la registración de los datos de los bienes decomisados. Pero solicitó a los policías que, no obstante, brinden “un alerta temprano” sobre los bienes encontrados, lo que permitirá establecer someramente la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico.

Crous hizo esas apreciaciones en el final de su exposición. Pero comenzó hablando de la lógica que guía el comercio de estupefacientes, al cual definió como una actividad “como cualquier otra” pero “con sustancias que están prohibidas por la ley” y en la que, en su caso particular, “la persecución del Estado constituye las lógicas pérdidas que puede tener un negocio lícito”. “Esto –explicó Crous- nos demuestra que la persecución penal no le produce a esta industria un daño significativo”.

En ese sentido, reseñó que “el objetivo es, entonces, fundir a esa empresa” ilegal como forma de menoscabar su impacto. El fiscal encomendó a los investigadores policiales que se apoyen en diferentes agencias, especialmente la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia y DDHHH de la Nación, para “seguir la ruta del dinero” de los sospechosos. “El dinero a algún lado tiene que ir”, especuló Crous, e insistió que el entrecruzamiento de datos que realiza la UIF con otras agencias estatales e internacionales puede resultar esclarecedor del alcance de las organizaciones criminales.

“Hay mucha información que no es explorada, como por ejemplo los movimientos de empresas transportistas o que fletan aeronaves. Es muy fácil hacerlo, pero no se hace”, cuestionó.

Por su parte, la subsecretaria letrada de la Procunar, Carolina Varsky, tuvo una breve intervención para remarcar la necesidad de “unificar las causas con crímenes conectados al tráfico de estupefacientes, como los homicidios”, y ejemplificó con la serie de hechos que se investigan actualmente en Rosario, donde en un principio estuvieron bifurcadas las investigaciones sobre narcotráfico y asesinatos presuntamente ligados a esa actividad ilegal.

En tanto, el licenciado Damián Neustadt explicó la naturaleza legal de la Procunar, su ubicación en el organigrama del Ministerio Público y las facultades que la Procuradora General dio al organismo mediante la resolución PGN 208/13. Neustadt hizo hincapié en la necesidad de “sistematizar la información” ligada a la persecución del narcotráfico como una de las actividades primordiales a desarrollar por la Procunar y, en ese sentido, solicitó la colaboración de la Policía Federal para lograr el objetivo. Finalmente, insistió en la necesidad de que la fuerza trabaje en conjunto con las oficinas públicas de protección a las víctimas que funcionan en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (OFAVI), la Corte Suprema de Justicia (Violencia Doméstica) y el Ministerio de Justicia y DDHH (Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados).

El auditorio estuvo compuesto por alrededor de 80 efectivos, entre jefes y personal subalterno de la Policía Federal Argentina que realiza tareas de investigación criminal en el Área I – La Plata, la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos. El curso de capacitación también abordará los delitos de trata de personas y blanqueo de activos provenientes de actividades ilícitas.