El titular de la Fiscalía Federal N°2 ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio de seis personas acusadas de integrar una banda dedicada al tráfico de cocaína y marihuana en la ciudad de Esperanza, en esa provincia.

Las personas requeridas a juicio son W.A., su hermano E., sus padres, F.M. y M. R., todos ellos residentes de la ciudad santafesina de Esperanza, a excepción del primero que también se domiciliaba en la localidad de Humboldt. Además, fue señalado como líder del grupo M.A.P.O., un hombre que actualmente se encuentra prófugo, de quien se solicitó que se libre orden de captura a través de Interpol y se ofrezca recompensa a quienes pudieran dar datos sobre su paradero.

Una serie de allanamientos conjuntos permitió incautar importantes cantidades de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa. A todos ellos se les imputa la tenencia en forma conjunta y con fines de comercialización de cocaína y marihuana, secuestrada en sus respectivos domicilios particulares, siempre a disposición de los imputados M. y W.A., agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada.

Para el fiscal, W.A. y M. mantenían en forma conjunta una relación de disponibilidad respecto de los estupefacientes secuestrados en todos los procedimientos llevados a cabo, y dicho poder de disposición fue ejercido de manera compartida con los dueños de las casas registradas. También, se pudo demostrar que ambos formaban parte de una organización liderada por el actual prófugo, en cuyo domicilio se hallaron más de seiscientos gramos de marihuana. Según el requerimiento, este hombre era quien les proveía sustancias para que ellos las comercializaran bajo entregas previamente pactadas (delivery) que desplegaban junto a E.A. y M.R..

Para el representante del Ministerio Público Fiscal se han reunido elementos probatorios suficientes para acreditar el dolo de tráfico, a partir de las tareas de inteligencia desplegadas, las que reportaron datos objetivos reveladores de la actividad lícita, y determinan la efectiva participación de los imputados en la tenencia de material ilícito y la finalidad de su comercialización puesta por ellos en acción de manera organizada. En su requerimiento, Rodríguez remarcó que la intención de introducir los estupefacientes en el mercado se encuentra configurada a partir de un análisis proveniente de la experiencia común, esto es, “el secuestro de una importante cantidad de material estupefaciente preparado para ser comercializado, dinero en efectivo, y el hallazgo de  elementos afines al pesaje y acondicionamiento de dicha sustancia, con el elocuente propósito de hacerla llegar al público consumidor”.