El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra diez personas acusadas de integrar una banda que se dedicaba a comercializar sustancias estupefacientes en las ciudades de Santa Fe y Cañada Rosquín, al menos desde agosto de 2016 hasta el 7 de julio de 2017. Se trata de un clan familiar y entre los imputados se encuentra un ex precandidato a concejal de la ciudad de Santa Fe y dos efectivos de la Policía provincial.

La investigación se inició en 2016, sobre la hipótesis que manejaba la Fiscalía acerca de que uno de los imputados, cuyas iniciales son D.M.B. –que entonces estaba detenido por una causa de homicidio- y su hermano, L.A.B., –ex precandidato a Concejal de la Ciudad de Santa Fe- comercializarían estupefacientes, con anterioridad a agosto de 2016. En virtud de ello, en julio de 2017 se llevaron a cabo una serie de allanamientos en los que se secuestró marihuana, cocaína y plantas de cannabis sativa.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Rodríguez les adjudicó a los dos hermanos ser los líderes de la banda y haber organizado actividades ilícitas de comercialización de estupefacientes llevadas a cabo en las ciudades de Santa Fe y de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Para el representante del MPF, ambos “armaron una estructura funcional que facilitó la comisión de delitos previstos en la ley 23.737, proveyendo y coordinando los medios necesarios configurativos de un mecanismo eficiente dirigido al logro de la finalidad propuesta, lo cual puede sintetizarse en la conformación de un clan predominantemente familiar que recibiría grandes cantidades de material ilícito que sería distribuido por eslabones inferiores” -entre los que se encuentran otro hermano de los nombrados, sus parejas, otras cinco personas y dos agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe- para su comercialización en distintos puntos de venta al menudeo, ubicados en las dos ciudades santafesinas anteriormente mencionadas, al tiempo que los efectivos policiales otorgarían cobertura para el despliegue de la actividad delictiva desarrollada por los investigados.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal también solicitó que se enjuicie a los tres hermanos (D.M.B., L.A.B y F.D.B.) y a otras tres de las imputadas (M.L.L, S.E.D. y J.A.S.), por haber llevado a cabo actos de disposición en materia de comercialización ilícita de estupefacientes, al tiempo que efectuó igual pedido respecto de los efectivos policiales (C.A.M. y A.A.N) en orden al delito de confabulación agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Asimismo, pidió el enjuiciamiento de otros dos imputados (R.C.H. y C.E.S.) por haber tenido en su poder marihuana y cocaína, en forma conjunta y con fines de comercialización.

Así, se consideró probada la “pata policial” en la organización, entendida esta como “la comprobación empírica de la capacidad corrosiva que tuvieron los sujetos organizadores del narcotráfico, uno de los cuales emprendió una carrera política demostrativa de su intención de penetrar al cuerpo legislativo de la Municipio de esta ciudad capital en aparente representación de intereses colectivos, paradójicamente mientras desplegaba en forma paralela la actividad ilegal por la cual promuevo aquí al juzgamiento”, concluyó el fiscal Rodríguez.

Por otra parte, y en base a las tareas de investigación encomendadas a la Prefectura Naval Argentina e intervenciones telefónicas, consideró que “los involucrados son catalogados como personas que comercializan estupefacientes de larga data, poseen contactos en las cárceles que le facilitan ciertos beneficios, poseen armas ilegales y tienen conocimiento de posibles intervenciones telefónicas, tomando ciertos recaudos cuando realizan las comunicaciones”. Por lo que, las pruebas colectadas durante la pesquisa son suficientes para establecer que los imputados “ejercieron un poder de disposición conjunto del material estupefaciente secuestrado en autos, y los aportes mancomunados de todos ellos me permiten decir que tenían la intención de darle a éstos un destino de comercialización, en el marco de una actividad delictiva organizada y comandada” por los hermanos imputados.

Por último, y advirtiendo la discrecionalidad de movimientos del imputado D.M.B. dentro del establecimiento carcelario, el Fiscal Rodríguez solicitó la formación de un sumario administrativo a fin de investigar la posible responsabilidad de integrantes del Servicio Penitenciario de la Provincia – y si correspondiere, formular denuncia penal- en la provisión de celulares y/o chips de telefonía, que sirvieron como herramienta comunicacional para consumar las conductas ilegales materia de imputación.