La titular de la Fiscalía Federal Nº3 de Rosario, Adriana Saccone, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra 24 personas acusadas de formar parte de una organización delictiva dedicada al comercio y tráfico ilegal de estupefacientes en la localidad de Firmat y Venado Tuerto, departamento de General López, provincia de Santa Fe. La fiscalía llevó adelante múltiples tareas investigativas, entre ellas, más de veinte allanamientos que fueron realizados en agosto de 2014 en ambas localidades. De los procedimientos se secuestró marihuana y cocaína fraccionada para su comercialización al menudeo, también elementos destinados al fraccionamiento, material explosivo y una importante cantidad de armas y municiones.

La causa se inició por el parte preventivo elevado por la Brigada Operativa Departamental VIII de Santa Fe, que daba cuenta que en una vivienda de la localidad de Firmat se vendían estupefacientes. Posteriormente, y en el marco de otra pesquisa, se informó que otras personas -también de dicha localidad- realizarían actividades ilícitas, razón por la cual la Fiscalía Federal requirió la acumulación de ambos expedientes.

La fiscal Saccone llevó adelante varias tareas investigativas que determinaron la existencia de una estructura delictiva que contaba con el liderazgo, organización y financiamiento de uno de los imputados,  y con otros integrantes que respondían a sus órdenes en la cadena de tráfico de estupefacientes, encargados de la comercialización al menudeo. Según pudo determinar la representante del Ministerio Público Fiscal,  en la causa está implicado un funcionario policial y sería quién brindaría protección a la organización crimina

En cuanto a la calificación legal, la fiscal federal atribuyó a todos los integrantes el delito de tenencia con fines de comercialización en forma organizada y conjunta de las sustancias incautadas; junto al agravante por la intervención de más de tres personas. Asimismo, uno de los imputados fue acusado por la figura de organizador y financista prevista en el artículo 7 de la ley 23.737, y el funcionario policial por la agravante que contempla mayor reproche por su condición de funcionario público encargado de la prevención de delitos previstos en la ley 23.737.