Tras la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, el juez federal Jorge Rodríguez dispuso la semana pasada una serie de detenciones y allanamiento en el marco de la causa en la que se investigan los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025. En el caso, la fiscalía contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en relación con la imputación de femicidio en contexto de crimen organizado.

Además de los procedimientos solicitados por el MPF y ordenados por el Juzgado Federal de Morón, la fiscalía formuló la ampliación de las imputaciones a las personas que ya se encontraban investigadas en el caso, para incluir el contexto de criminalidad compleja en el que ocurrieron los femicidios. También se requirió la ampliación de las capturas internacionales vigentes con respecto a una serie de personas que se encuentran prófugas y la solicitud a las autoridades de la República del Perú para que se amplíe el objeto de la extradición otorgada a Tony Hansen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

El ciudadano peruano conocido como “Pequeño J” al momento de ser entregado a las autoridades argentinas en la Base Aérea de El Palomar, tras su extradición el 4 de mayo de 2026. Foto: Policía Federal

El inicio del caso y la profundización de la investigación

La investigación había comenzado bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que fue la que ejecutó las primeras medidas tras una denuncia presentada por los familiares de las víctimas en la que alertaron de su desaparición

El 29 de octubre del año pasado, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza declinó la competencia en favor de la justicia federal de Morón por considerar que se trataba de crímenes vinculados a una trama narcocriminal. En ese marco, la fiscal Labozzetta consideró que debía investigarse la hipótesis de femicidio en contexto de criminalidad organizada, que involucra el narcotráfico, la violencia extrema y la explotación sexual. Dichos contextos imponían la obligación de profundizar y agotar las distintas líneas investigativas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron adelante los sucesos, determinar quiénes eran los responsables de esos femicidios y cuál fue el contexto en el cual se perpetraron.

Como consecuencia de la investigación llevada adelante —en la que además intervino la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de la Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Flavio Marino— se pudo determinar que los 18 imputados conformaban efectivamente una organización delictiva dedicada, por lo menos desde 2024, al tráfico de estupefacientes, aunque no de forma excluyente, con especial incidencia territorial en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y en determinados espacios geográficos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el Barrio Zavaleta y el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli.

También pudo determinarse que los integrantes de la organización diseñaron un plan cuyo objetivo era privar de la libertad a las víctimas para luego torturarlas y asesinarlas. Según la imputación, algunos miembros de la banda criminal establecieron un vínculo de confianza con las jóvenes, mediante la entrega de regalos, el suministro de estupefacientes y dinero a cambio de realización de actos sexuales, aprovechándose de la vulnerabilidad en la que se encontraban y su precariedad socioeconómica.

De acuerdo con la hipótesis desplegada por el MPF, el 19 de septiembre de 2025 cerca de las 21.30, Morena, Brenda (ambas de 20 años)  y Lara (de 15) fueron engañadas para abordar una camioneta que las trasladaría a una reunión donde obtendrían una importante suma de dinero. No obstante, fueron llevadas a una casa ubicada en Florencio Varela. En ese contexto, varios integrantes de la organización comenzaron a lesionarlas “actuando de común acuerdo y conforme a un plan previamente delineado, obrando de modo seguro, a traición y sin posibilidad alguna de defensa” y “aprovechando el estado de absoluta indefensión en que se encontraban las víctimas”.

La titular de la UFEM y fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, Mariela Labozzetta. Foto de archivo: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Tras la tortura a la que las sometieron y luego de asesinarlas, los integrantes de la estructura narcocriminal reportaron el hecho a quienes no se encontraban en el lugar y luego enterraron a las víctimas en un pozo ubicado en el patio de la casa.

“Tras haber consumado los tres femicidios, llevaron adelante acciones concretas tendientes a borrar las huellas de los crímenes cometidos, como parte del plan concertado previamente: incineraron la camioneta utilizada para trasladarlas hasta el inmueble; se deshicieron de los teléfonos de las víctimas; borraron la información contenida en algunos de los dispositivos utilizados por determinados integrantes de la organización criminal; y se encargaron de limpiar el interior de la vivienda”, explicó la representante del MPF.

En su dictamen, resaltó que los femicidios en contexto de criminalidad organizada se definen como aquellos que “ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas organizadas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas —como puede ser el caso de la narcocriminalidad/narcomenudeo, la trata de personas, o los tráficos variados—”. La fiscalía sostuvo que, en esos contextos, los homicidios de mujeres “suelen obedecer a su utilización como mercancías, como producto de venganza entre bandas, por el escaso valor asignado a su vida o como respuesta a su desviación en relación con lo que se espera que sea su comportamiento de acuerdo al estatus de su género”. En ese sentido, mencionó el Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios) realizado por UFEM, que da cuenta de la relevancia de los contextos en los que se producen los crímenes.

Trama criminal

Para la fiscal Labozzetta, quedó expuesto el funcionamiento de la organización criminal, “dedicada centralmente al tráfico de drogas ilegales, con diferentes jerarquías y roles entre sus miembros, que contó a lo largo del tiempo con una capacidad logística por demás suficiente para el despliegue de las maniobras prohibidas en parte del territorio bonaerense, CABA, la provincia de Salta y países limítrofes”. También puntualizó que la banda utilizaba mecanismos extorsivos y violentos para mantener su poderío territorial. Además, remarcó la relevancia de las comunicaciones halladas en los celulares, los testimonios recolectados y los antecedentes penales de varios de los involucrados, elementos con los cuales se pudo reconstruir el modus operandi de la organización y los roles que ocupaban cada uno de los imputados.

La fiscal Labozzetta consideró que debía investigarse la hipótesis de femicidio en contexto de criminalidad organizada, que involucra el narcotráfico, la violencia extrema y la explotación sexual.

“Ello no significa que todos hayan coordinado entre sí cada una de las acciones ejecutadas por la organización; ni que todos se conocieran entre sí o que estuviesen al tanto de la totalidad de las maniobras o decisiones que afectan al grupo; sino que cada uno de ellos efectuó el aporte necesario en el curso causal para ir articulando la actividad de la organización, es decir, el tráfico de estupefacientes”, explicó la fiscal.

Dentro de la investigación, también se hizo foco en la estructura financiera desplegada por la organización, que consistía en un circuito de administración, recaudación y redistribución de los fondos obtenidos como consecuencia de la adquisición, transporte, distribución y comercialización de estupefacientes. “Los montos detectados y las modalidades de triangulaciones de operaciones permitieron dilucidar una particular forma de ocultar las ganancias obtenidas producto de la actividad ilícita llevada adelante por la organización. Así, la modalidad detectada aparece orientada a canalizar y distribuir el dinero generado por la actividad ilícita, dificultando la individualización de su verdadero origen y la reconstrucción del volumen económico total de la organización”, señaló la fiscalía.

La prueba reunida permitió reconstruir un sistema financiero característico de una organización criminal de estructura flexible, en el cual los fondos provenientes de la comercialización de estupefacientes eran percibidos en los distintos puntos de venta, concentrados o recaudados por determinados integrantes y posteriormente movilizados mediante transferencias bancarias y billeteras virtuales hacia otras personas vinculadas con la organización. A su vez, parte de esos recursos era utilizada para atender necesidades logísticas —tales como el resguardo de vehículos, la utilización y mantenimiento de líneas telefónicas y otros gastos necesarios para la continuidad de las operaciones— , mientras que otra parte circulaba entre los integrantes y personas de su entorno”, agregó.