El Tribunal Oral Federal de Tucumán impuso hoy penas de hasta once años de prisión a trece integrantes del denominado “Clan Reyna”, una organización narcocriminal que operó en diversos puntos de la capital provincial. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Pablo Camuña, y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa. En el marco de las investigaciones se secuestraron cinco kilos de marihuana y 2,3 kilos de cocaína en poder de la organización. 

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 5 de julio. A lo largo de setenta horas de debate repartidas en once audiencias, declararon treinta y seis testigos, y se analizaron más de cuatro horas de escuchas de intervenciones telefónicas. El juicio se realizó de manera virtual, con un tribunal integrado por los jueces Enrique Liljedahl, Jorge Basbus y Mario Martínez.  

Tal como lo describió el Ministerio Público Fiscal en su alegato, en el juicio se comprobó la existencia de una banda narcocriminal ubicada en el barrio Juan XXIII de San Miguel de Tucumán, y con ramificaciones en otros puntos de la ciudad, entre 2016 y 2018. La conducción de esta organización estaba en manos de Mario Dardo Reyna, Lorena del Valle Herrera y Paola Roxana Juárez, y contaba con diferentes roles de mando en la estructura, complementarios entre sí. Bajo sus órdenes e instrucciones, existía una serie de integrantes organizados para la compra mayorista, la distribución, el fraccionamiento y la venta al menudeo de estupefacientes. En un último estrato, otros integrantes eran encargados de coordinar con proveedores que realizaban el transporte y la venta mayorista de sustancias, y finalmente la tenencia con fines de comercialización y el comercio de cocaína y marihuana. 

Los tres principales acusados fueron condenados como coautores del delito de organización de comercio de estupefacientes, con una pena de once años de prisión para Reyna, y de nueve años y seis meses de prisión para Herrera y Juárez. En un segundo estrato, siete acusados recibieron penas por comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. Dentro de este grupo, la condena fue de ocho años de prisión para Nancy Molina y Francisco Juárez, siete años de prisión para Pamela Bravo y Aldana Cabrera, y de seis años de prisión para Mario Reyna, Lourdes Salazar y Elena Juárez.  

Mercedes del Valle Juárez y María Celia Molina fueron sentenciadas a tres años y tres meses de prisión, como partícipes secundarias al facilitar lugar o elementos para la comisión del delito de comercialización de estupefacientes, y Juan Enrique Risso Patrón fue condenado a cinco años de prisión por tenencia con fines de comercialización. Gustavo Villalba Sosa, Jonatan Krujowski y Carlos Sosa, tres imputados para los que el Ministerio Público Fiscal había solicitado penas como partícipes necesarios, fueron absueltos por aplicación del principio non bis in idem.

En su sentencia, el tribunal mantuvo las prisiones preventivas ordenadas, y no hizo lugar al pedido de revocación de prisiones domiciliarias y excarcelaciones que había solicitado el Ministerio Público Fiscal. También se dispuso el decomiso de 1,8 millones de pesos y 700 dólares en efectivo y material tecnológico secuestrado durante los allanamientos realizados en la causa, junto con ocho automóviles y trece motocicletas, además de la destrucción del estupefaciente y las armas secuestradas.