El fiscal subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Pablo Camuña, y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa pidieron penas de hasta trece años de prisión para 16 personas acusadas de integrar el llamado “Clan Reyna”, una organización narcocriminal que operó en diversos puntos de la ciudad de San Miguel de Tucumán entre 2016 y 2018.

Desde 2016, este es el décimo primer debate en el que se ventilan ante el TOCF de Tucumán hechos ilícitos en los cuales los acusados y las acusadas están sindicadas por formar parte de esa organización narcocriminal. El juicio es el resultado de una investigación penal compleja que tiene personas imputadas de Tucumán, Buenos Aires y Misiones. La banda está liderada por tres de ellas, que llegaron acusadas por el delito de organización de tráfico de estupefacientes.

En el debate, tramitado de forma íntegramente virtual, se interrogó a más de cuarenta testigos civiles y miembros de las fuerzas de seguridad intervinientes, mientras que otras setenta declaraciones fueron incorporadas por lectura. Además, se reprodujeron 79 escuchas telefónicas de un total de 1200 incorporadas a la investigación, que surgieron de las treinta líneas intervenidas durante la investigación.

El Ministerio Público Fiscal alegó hoy sobre la existencia y el funcionamiento de una banda narcocriminal centrada en el barrio San Juan XXIII de San Miguel de Tucumán, y con ramificaciones en otros puntos de la ciudad, entre 2016 y 2018. De acuerdo a la acusación fiscal, la conducción de esta organización estaba en manos de Mario Dardo Reyna, Lorena del Valle Herrera y Paola Roxana Juárez, y contaba con diferentes roles de mando en la estructura, complementarios entre sí.

Bajo las órdenes e instrucciones de las tres personas líderes existía además una serie de integrantes organizados para la compra mayorista, la distribución, el fraccionamiento y la venta al menudeo de estupefacientes; el funcionamiento coordinado de la organización con proveedores encargados del transporte y la venta mayorista de sustancias; y finalmente la tenencia con fines de comercialización y el comercio de material estupefaciente (cocaína y marihuana) en dos hechos, uno de 2016 y otro de 2018.

La fiscalía solicitó también el decomiso de los bienes secuestrados durante los allanamientos en los que se desarticuló esta organización, entre los que se encontraban 1,78 millones de pesos y 700 dólares en efectivo.

En el marco de las investigaciones se secuestró droga en poder de la organización, con un peso total de 9 kilos de marihuana y 2,3 kilos de cocaína, y se secuestraron bienes en poder de la organización. En fecto, la fiscalía solicitó hoy el decomiso de 1,78 millones de pesos y 700 dólares en efectivo, como también un enorme caudal de dispositivos electrónicos que incluyen unos 40 aparatos de telefonía celular, chips, consolas de juego PlayStation, notebooks, netbooks, pendrives, cámaras fotográficas, tarjetas de memoria y discos rígidos, entre otros.

El pedido de penas

El fiscal Camuña y la auxiliar fiscal Doz Costa pidieron penas de trece años de prisión para Reyna y de once para Herrera y Juárez como coautores penalmente responsables del delito de organización de actividades ilícitas de comercio, almacenamiento, transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

De la totalidad de los imputados, diez de ellos fueron señalados por la fiscalía como responsables de los delitos de comercio de estupefacientes en concurso ideal con almacenamiento, transporte y tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas. El MPF acusó en grado de coautores de esos delitos a Nancy Molina y Francisco Juárez, para quienes solicitó ocho años de prisión; a Lourdes Salazar, Pamela Bravo, Aldana Cabrera y Ramiro Reyna, para quienes pidió siete años de prisión; y a Elena Juárez, a quien solicitó la imposición de seis años de prisión. Además, la fiscalía consideró que Gustavo Villalba Sosa, Jonatan Krujowski y Carlos Sosa intervinieron en carácter de partícipes necesarios y pidió para ellos una pena de seis años de prisión.

Por otro lado, requirió la imposición de cuatro años y seis meses de prisión para Mercedes del Valle Juárez y María Celia Molina, como partícipes secundarias del delito de comercialización de estupefacientes; y de cinco años de prisión para Juan Enrique Risso Patrón, como responsable del delito de tenencia con fines de comercialización. La fiscalía pidió que se mantuvieran las prisiones preventivas de los imputados y que se revocasen las modalidades domiciliarias para quienes contasen con ese beneficio.

Camuña y Doz Costa solicitaron que se ordenase el secuestro y decomiso de los bienes registrables a nombre de los imputados, del dinero en efectivo secuestrado durante los allanamientos, y de la totalidad de los dispositivos electrónicos incautados, con excepción de aquellos que resulten útiles para crianza de niños y niñas, los cuales deberán devolverse bajo expreso pedido. Finalmente, pidieron la destrucción del material estupefaciente hallado.