El fiscal general Fernando Arrigo solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que imponga penas de entre 7 y 18 años de prisión para los cinco integrantes de una banda narcocriminal cuyo líder y financista manejaba desde su lugar de detención, y que está también imputado por haber ordenado un atentado contra una mujer imputada. El juicio comenzó el 6 de febrero y para su celebración los jueces Osvaldo Facciano, Omar Paulucci y Eugenio Martínez Ferrero se trasladan a la ciudad de Venado Tuerto y desarrollan las audiencias en la Casa del Bicentenario de la municipalidad local. 

De acuerdo a la acusación, Matías Álvarez lideraba desde la prisión una organización junto a su hermano Luciano y a Maximiliano Rodríguez (también detenidos), Kevin Fabián Aranda y Daniel Antonio Núñez. El debate había comenzado con el abordaje de tres organizaciones que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto y sus alrededores. Los integrantes de dos de esas organizaciones firmaron acuerdos de juicio abreviado, en los que resultaron condenados y se tuvo por probado el vínculo entre los imputados como parte de una misma organización, como también la tenencia de sustancias con fines de comercialización en ocho domicilios distintos. 

Los cinco acusados que siguen en juicio están señalados como parte de esta maniobra. Se les atribuye la tenencia con fines de comercialización del material incautado, entre el que había marihuana y cocaína fraccionadas y listas para su venta al menudeo. Además, en los operativos se les habían secuestrado teléfonos celulares, balanzas digitales y documentación, además de semillas y plantas de cannabis. Por estos hechos, Matías Álvarez fue señalado como organizador y financista de las maniobras delictivas.

Desde el 6 de febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario se constituye en la Casa del Bicentenario de la Municipalidad de Venado Tuerto para celebrar el debate oral y público.

Tanto a Matías Álvarez como a González se les atribuye además la tenencia de armas sin su debida autorización legal. El primero asimismo fue acusado de ordenar que se dispare contra el domicilio de una mujer imputada en la causa, lo cual pudo constatarse el 29 de noviembre de 2018, después de que el domicilio de aquella sufriese un atentado. De acuerdo a la acusación, Álvarez había dirigido la operatoria telefónicamente y desde el interior del complejo penitenciario donde se encontraba detenido, además de haber suministrado los elementos necesarios para llevarla a cabo y señalar a su destinataria. 

Arrigo solicitó que se condene a una pena de 18 años de prisión y al pago de una multa de 4,5 millones de pesos a Matías Álvarez, al acusarlo como autor de los delitos de organizador y financista de la organización, y de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas, en concurso real con los delitos de instigador de disparo de arma de fuego y autor del delito de transporte de sustancias estupefacientes. Dado que Álvarez ya había recibido una condena previa, el fiscal solicitó se unifiquen las penas en 21 años de prisión y que se declare su reincidencia. 

Para Maximiliano González, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 9 años de prisión y multa de un 1,2 millones de pesos por los delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Dado que González se encuentra ya cumpliendo una pena, Arrigo solicitó una unificación de condenas en 13 años de prisión y la declaración de reincidencia. 

Para Luciano Álvarez y Daniel Núñez, el fiscal solicitó penas de 7 años y multas de 600 mil pesos a cada uno por tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal. En el caso de Álvarez, Arrigo solicitó se lo declare reincidente -el acusado ya había sido condenado dos veces y cumplido las penas-, en tanto requirió que a Núñez se le dicte una pena única de 7 años y 6 meses de prisión y que se lo declare reincidente, en función de que se encuentra cumpliendo una condena por otros hechos.

El fiscal puso de relieve el “desprecio a la integridad física de quienes eran víctimas de las amenazas, aprietes y/o abusos de armas que Álvarez ordenaba desde su lugar de detención” y tuvo en cuenta que uno de los acusados amenazó con violar y asesinar a una mujer policía durante su detención.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 9 años de prisión y multa de 1,2 millones de pesos para Kevin Aranda, como autor del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas organizadas para cometerlo. 

En los casos de Matías y Luciano Álvarez, Aranda y González, el fiscal consideró como agravantes la magnitud de la organización que integraban y el rol que cada uno de ellos cumplía; el poder ofensivo que tenía la organización; la forma violenta que tenían para dirimir sus conflictos; la facilidad de acceso a armas de diverso calibre; y el “desprecio a la integridad física de quienes eran víctimas de las amenazas, aprietes y/o abusos de armas que Álvarez ordenaba desde su lugar de detención”. 

Respecto al líder de la organización, Arrigo señaló también como agravante su edad y madurez a la fecha los hechos, sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido los hechos cumpliendo una condena a prisión. También remarcó “un comportamiento hostil e irreverente constante hacia el tribunal (...) que denota un profundo querer desconocer la autoridad y desapego a las normas de convivencia”, y la multiplicidad de hechos que se le atribuyen. 

En el caso de Luciano Álvarez, el fiscal consideró como agravantes sus antecedentes penales, su actitud al momento de ser detenido (de acuerdo a uno de los testigos del operativo, amenazó a una mujer policía con violarla y matarla), el rol desempeñado dentro de la organización y la multiplicidad de hechos que se le imputan. En relación con Gónzález, el fiscal Arrigo destacó sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido el hecho por el que fue imputado mientras gozaba de salidas laborales. Por último, para el caso de Núñez el representante del Ministerio Público Fiscal destacó la multiplicidad de hechos que se le endilgan, la cantidad droga incautada en cada uno de los allanamientos realizados contra la finca que habitaba, la forma violenta en la que llevaba adelante la actividad ilícita que se le atribuye y sus antecedentes penales.