El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Adolfo Villatte, integra la delegación argentina que participa en la 58ª Sesión de la Comision on Narcotic Drogs (CND) de la Oficina de Drogas y Narcóticos de Naciones Unidas (UNODC) que tiene lugar desde el 9 hasta el 17 de marzo en Viena, Austria. En esta ocasión, se desarrolla un segmento especial preparatorio de la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) que se llevará a cabo en 2016 para revisar los logros y fracasos de las tres convenciones sobre estupefacientes de 1961, 1971 y 1988, y el segmento regular de la CND.

Según informó Villatte desde Viena, sobre la cuestión se vienen exponiendo las variadas posiciones exhibidas por los países miembros de la ONU, que van -a grandes rasgos- desde la necesidad de darse un nuevo marco legal que dé cuenta del fracaso de la llamada "guerra contra el narcotráfico" y que permita pasar de un paradigma netamente punitivo a otro más regulatorio del mercado de drogas, a otras que consideran que debe profundizarse la lucha poniendo a disposición mayores recursos económicos y humanos.

En medio de ambas, explicó el fiscal, se encuentra un tercer grupo que entiende que el marco legal establecido por las tres convenciones aporta un espacio de libertad a los países para que puedan flexibilizar sus marcos legales internos, sin poner en crisis ese piso de legalidad garantizado por las normas internacionales que constituyen el resultado de un difícil consenso logrado no obstante la heterogeneidad de intereses culturales, políticos y económicos de las naciones.

En otras palabras, subrayó Villatte, revisar las convenciones puede derivar, contrariamente a los deseos y expectativas de quienes impulsan esa necesidad desde una posición progresista, en un endurecimiento de las normas de derecho internacional en la materia, lo que resultaría claramente contraproducente.

El representante del Ministerio Público indicó además que el contexto internacional encuentra a la República Argentina en un lugar de relativa avanzada, fundamentalmente por su política de Derechos Humanos, esencial también a la hora de definir una política de drogas respetuosa de ellos.

"La pregunta acerca de si nuestra ley de estupefacientes y la forma en que la misma es aplicada e interpretada por jueces y fiscales debe responderse desde el respeto los Derechos Humanos", añadió. Afirmó que a nivel internacional se resalta que en función de ellos debe hacerse mayor hincapié en materia de prevención y de implementación de mejoras en los sistemas de salud que permitan dar tratamiento adecuado a situaciones de abuso y adicción al consumo de estupefacientes.

A la vez, el titular de la Procunar puso "énfasis en la incidencia del factor social de la problemática, cruzado por la necesidad de mayor inclusión social, centrando la mirada en las personas y no en las sustancias".

Explicó asimismo que en el marco de las exposiciones efectuadas en la asamblea se han identificado situaciones de vulnerabilidad social, en las que en muchos casos se encuentran sumidos quienes participan de las últimas etapas de la comercialización de estupefacientes, y la ausencia de distinción y proporcionalidad en las escalas penales respecto de quienes obtienen las ganancias de ese mercado ilícito, aspecto que -consideró el fiscal- necesita ser corregido.