17 de abril de 2024
17 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Comunicado oficial
Aclaraciones de la Procuración General de la Nación
Ante las versiones periodísticas que anuncian la presentación de una denuncia penal por parte del legislador Gustavo Vera en la cual se acusaría a la Procuración General de la Nación de realizar tareas de "espionaje" a integrantes de la ONG La Alameda, realizamos las siguientes aclaraciones.

El pasado 7 de julio se hizo efectiva la transferencia al ámbito del Ministerio Público Fiscal de las funciones de interceptación de las telecomunicaciones ordenadas por las autoridades judiciales competentes, tal como lo dispuso la Ley 27.126 sancionada por el Congreso Nacional el 25 de febrero de este año. Para llevar adelante esas tareas se creó el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que forma parte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, a cargo de la fiscal Cristina Caamaño. De esta manera se buscó transparentar el funcionamiento del sistema de interceptaciones y encuadrarlo como lo que verdaderamente es: una herramienta con la que cuenta la administración de justicia para resolver causas criminales.

En los sesenta días que lleva en funcionamiento el DICOM han concurrido a conocer sus instalaciones y funcionamiento jueces, fiscales, organizaciones de la sociedad civil y periodistas de diversos medios de comunicación. Todos ellos pudieron conocer de primera mano el funcionamiento del sistema de interceptación de telecomunicaciones. Una apertura impensable bajo el régimen anterior, cuando el organismo formaba parte del sistema de inteligencia nacional.

Desde el primer momento se tomaron medidas para mejorar la gestión del área y se convocó a una comisión asesora integrada por destacas personalidades con amplia trayectoria en políticas de seguridad democrática, como Eugenio Raúl Zaffaroni, Alberto Binder, Marcelo Sain, y León Arslanian. Los últimos tres participaron también del proceso de traspaso al MPF, asesorando a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.

Al mismo tiempo, el pasado 26 de agosto, la Procuradora solicitó al Congreso que ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal para dar cumplimiento a lo previsto por la Ley Orgánica del MPF y fortalecer así su control externo. Con la misma finalidad se conformó un consejo consultivo integrado por reconocidas organizaciones de la sociedad civil especializadas en fortalecimiento del sistema judicial, derecho a la información y políticas de transparencia.

A lo largo de estos dos primeros meses de funcionamiento el DICOM ha reducido sensiblemente el tiempo que insume realizar las intervenciones, lo que constituía un reclamo de todos los operadores judiciales, particularmente en los casos de secuestros extorsivos. Para ello, la fiscal Caamaño realizó un trabajo de articulación con las empresas prestadoras del servicio de telefonía, pues son ellas quienes concretan técnicamente las interceptaciones.

El MPF no cuenta con atribuciones legales ni con la capacidad técnica para intervenir comunicaciones por su propia iniciativa. Todas las interceptaciones de comunicaciones realizadas con intervención del DICOM, sin excepción de ninguna naturaleza, están respaldadas por la orden de la autoridad judicial y se realizan a través de la empresa de telefonía correspondiente. Sin mandato escrito y específico del juez o fiscal a cargo de la causa en la que se dispone la intervención no se realiza tarea alguna.

Todas las funciones del DICOM se realizan en el edificio situado en la Avenida de los Incas 3834, siendo ése el único edificio traspasado por la actual Agencia Federal de Inteligencia al MPF. Es decir que el Ministerio Público Fiscal no es propietario ni utiliza bajo ninguna modalidad contractual edificio alguno situado en la calle Estados Unidos.

Estas aclaraciones tienen por propósito, una vez más, reafirmar ante la sociedad el compromiso asumido por el Ministerio Público Fiscal de desarrollar todas las actividades a su cargo con irrestricto respeto por los derechos fundamentales, y bregando por la seguridad ciudadana y la transparencia en el sistema de justicia.