La titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, participó el pasado 1° de octubre de una reunión de asesores de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, en la que se analizó y discutieron diversos aspectos del proyecto de ley sobre decomiso anticipado de bienes, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

En base a convenciones internacionales, experiencia profesional y con el objetivo de tornar más eficiente el recupero y administración de los bienes durante el proceso judicial, la funcionaria propuso algunas modificaciones al proyecto impulsado, entre otros, por el senador santafesino Rubén Giustiniani, y que fue aprobado por unanimidad en la cámara alta.

Mayor transparencia

El principal objetivo tiene que ver con brindarle mayor transparencia al sistema, en tanto no existe actualmente ningún registro que permita conocer con precisión cuáles son los bienes secuestrados, quién los administra, con qué criterio fue designado el administrador o incluso qué destino tienen los frutos producidos por esos bienes. En este sentido, a partir de la Oficina de Enlace Legislativo, la PGN estableció un fluido diálogo con legisladores y autoridades de ambas cámaras, con quienes coordinó encuentros tendientes a enriquecer la discusión parlamentaria.

El sistema actual depende exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mediante diversas acordadas y resoluciones, el máximo tribunal dispuso a su cargo la administración de todos los bienes –cualquiera sea su naturaleza- afectados a un proceso judicial. Así las cosas, en la acordada 1/13 los ministros ordenaron a los jueces y cámaras federales y nacionales que únicamente brinden información a la Corte Suprema sobre los bienes secuestrados y decomisados, obstaculizando así el funcionamiento del Registro de Bienes Secuestrados y Decomisados creado en el ámbito del Ministerio de Justicia a través del decreto 926/11.