Más de 40 magistrados, funcionarios y empleados del MPF participaron ayer del ciclo “El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; las modificaciones legislativas”, organizado por la Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica. La actividad se realizó en el Salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación y es la primera del ciclo que comprende seis encuentros.

La apertura estuvo a cargo de la asesora de Incapaces de la Ciudad de Mar del Plata y docente de la facultad de derecho de la UBA, Silvina Fernández, quien disertó sobre las modificaciones del nuevo Código respecto a “La Salud Mental y los Derechos Humanos”. Además de Fernández, participarán de las jornadas las docentes Marisa Herrera, Ana María Chechile, María Alejandra Guillot, Natalia de la Torre y Victoria Pellegrini.

El objetivo del ciclo es ofrecer a los miembros del MPF la actualización de la nueva legislación de fondo en lo que respecta a los alcances de los nuevos principios de salud mental, régimen patrimonial del matrimonio y el nuevo marco legal de las llamadas “uniones convivenciales”, trámite del divorcio, materia previsional y seguridad social.

También, se analizarán los cambios en filiación biológica y las técnicas de reproducción humana asistida y se explorarán los alcances de la autonomía de la voluntad de niños, niñas y adolescentes y la responsabilidad parental.

Fernández destacó ayer la protección en materia de Derechos Humanos que posee la reforma del Código: “Este nuevo código tiene una mejor perspectiva en Derechos Humanos. De mayor respeto, sin exclusión. Es una legislación comprometida con los más vulnerables”, señaló.

En este sentido, remarcó que las personas no tienen incapacidad sino restricciones para realizar determinados actos. ”Todos tienen igual reconocimiento como persona ante la ley”, resaltó, y agregó: “El propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno de sus derechos y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad”.

También, hizo hincapié en los principios que prevé la convención interamericana sobre las personas más vulnerables: “El Estado debe adecuar las normas y adoptar medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad”, y velar por los principios de “dignidad, no discriminación, participación e inclusión, respeto por la diferencias, igualdad de oportunidades, accesibilidad y la igualdad entre el hombre y la mujer”.

La jornada finalizó con un segmento en el que se trabajó sobre la incidencia de la reciente Ley de Salud Mental y del nuevo Código Civil y Comercial en relación con las personas a las que se les aplican medidas de seguridad y a aquellas otras que se encuentran privadas de su libertad en el ámbito carcelario. Para esto, se hizo un repaso y se analizaron los criterios más destacados de tribunales argentinos e internacionales.