A comienzos de la semana pasada, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictó la resolución 2623/13, mediante la que creó una Comisión de Fiscales con el objetivo de recabar en forma permanente información sobre casos que se susciten en cualquier lugar del país y que pudieran vincularse con hipótesis delictivas de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional.

En ese contexto, el coordinador de la comisión, Rodolfo Domínguez, titular de la fiscalía N° 2 de San Isidro, solicitó a todos los fiscales del país que le informen sobre procesos judiciales relacionados con saqueos, acuartelamientos, movilizaciones reclamos, pedidos, exigencias y/o planteos, entre otros, de personal policial dirigidos a las autoridades de la Constitución.

En caso de existir algún tipo de actuación judicial, Domínguez indicó que se informaran los siguientes datos: 1) fecha de inicio de las actuaciones, carácter de las mismas, autoridad interviniente (juzgado, fiscalía, etc.), breve reseña de los hechos que se investigan, personas y/o entidades denunciadas o de algún modo vinculadas al proceso, medidas evaluadas y, eventualmente, resultados obtenidos; 2) los resultados de las diligencias que se hayan llevado a cabo para acreditar la existencia de los sucesos, como ser filmaciones, fotografías, artículos periodísticos, intervenciones y registros telefónicos, informes sobre usuarios de redes sociales que hayan alertado sobre el acuartelamiento de la fuerza y alentado a los saqueos, ello con el propósito de identificar patrones comunes en cada uno de los casos; 3) si se ha logrado la identificación de los integrantes de las fuerzas policiales que llevaron a cabo cada una de las negociaciones y de aquellos que se plegaron a los reclamos salariales; 4) todo antecedente de interés que permita prever la posible comisión de nuevos atentados.

La comisión

Además de Domínguez, los otros fiscales generales que integran la comisión son Federico Martín Carniel -Resistencia-, José Ignacio Candioti Puyol -Paraná- y Adolfo Raúl Villatte -Rosario-.

En principio, Gils Carbó dispuso que el equipo de trabajo funcione por sesenta días. Al término de este plazo, se evaluarán las atribuciones que le fueron conferidas y la necesidad o no de mantener su vigencia. Durante ese período la comisión deberá informar a la Procuradora General acerca del estado de situación de estas manifestaciones criminales en los distintos lugares del país.