Luego de la apertura de esta mañana en la que participó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se desarrollaron los dos paneles de la primera jornada del I Encuentro Latinoamericano de Análisis Criminal y Persecución Penal Inteligente, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Ministerio Público Fiscal. Antes del mediodía, el titular de la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) del MPF, Diego García Yomha; el director del Área de Análisis de la Fundación Paz Ciudadana, Patricio Tudela; el jefe de la Unidad Nacional de Análisis Criminal del Ministerio Público de Chile, Claudio Ramírez; el director DAC de República Dominicana, Wilson Camacho, y la directora de Análisis Criminal de MP de Guatemala, Aura Colindres, intervinieron del panel sobre "La persecución penal y las necesidades de análisis criminal". Por la tarde, tuvieron lugar las exposiciones sobre "El manejo estratégico de la persecución penal". El secretario de Coordinación Institucional del MPF argentino, Lisandro Pellegrini, repasó el proceso de modernización del MPF impulsado por la gestión de Gils Carbó desde agosto de 2012.

"Es imposible la persecución penal estratégica sin información", detalló Pellegrini. En concreto, explicó que el nuevo diseño institucional tiene como usinas de producción de información a las direcciones generales dependientes de la Procuración General. "Lo que se hizo fue revertir el proteñocentrismo de la producción de información y de política criminal", continuó el coordinador institucional de la PGN. Así, subrayó el rol de los fiscales, de los fiscales coordinadores de distrito, de las procuradurías especializadas y de las unidades fiscales que reciben la información procesada que permite abandonar la atomización de la persecución penal caso a caso y pensar esos fenómenos criminales como parte de una conflictividad que afecta a una región y a un grupo social en particular.

Además, Pellegrini indicó que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público enviado por el Poder Ejecutivo al parlamento "plantea la derogación de las direcciones generales. Esas mismas direcciones generales que son las usinas de información del Ministerio Público sobre la que luego se puede diseñar una política de persecución penal para todo el país".

Antes, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares, precisó el proceso del rediseño institucional de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El funcionario del Poder Ejecutivo utilizó esa experiencia para analizar el funcionamiento institucional de la justicia nacional de la Capital Federal y puntualizó en las dificultades que implica la asignación de turnos que "dificulta y limita la implementación de una política criminal". Casares señaló además que el funcionamiento en "espejo" de las fiscalías nacionales con los juzgados de instrucción de ese fuero implica obstáculos operativos en la persecución penal.

"Es imposible la persecución penal estratégica sin información", detalló Pellegrini.

El fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Sebastián Narvaja, también fue parte del panel sobre persecución penal estratégica. El representante del MPA santafesino detalló el proceso de creación de la Unidad que encabeza junto a su colega Adrián Mac Cormack y explicó cómo delimitaron institucionalmente los delitos en los que intervienen e impulsan la acción gracias a una "nueva interpretación del criterio de oportunidad", que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en un caso por una estafa. Así las cosas, detalló la necesidad de que esa delimitación tampoco sea inamovible en función de quiénes son las personas que requieren la intervención del servicio de justicia.

Luego, intervino el representante del Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincia (UFECI) Damián Neustadt, quien reseñó el trabajo interinstitucional e interdisciplinario en la investigación del caso conocido como "Narcoarroz", de la que participó cuando integró la Procuraduría de Narcocriminalidad. Neustadt explicó que la información sobre los integrantes de la organización narcocriminal que trató de contrabandear cocaína impregnada en arroz a Guinea-Bisáu. La droga estaba disimulada en un supuesto cargamento humanitario. "El éxito no fue la cantidad hallada sino que se logró ascender en la cadena de responsabilidad de la banda", subrayó. Además, explicó que la información sobre los integrantes de la organización "la tenía el Estado", pero "sin la decisión política de crear la Procunar no hubiese sido posible desarticular la banda". En concreto, se recopilaron datos de dos causas por homicidios que tramitaban en la justicia nacional, de tres expedientes del fuero penal económico, de cinco investigaciones de la justicia criminal y correccional federal y de una causa radicada en tribunales de la República Oriental del Uruguay, una del Reino de España y una investigación preliminar realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de la Procuración General de la Nación.

El cierre del panel moderado por el integrante de la DAC Germán Feldman estuvo a cargo del coordinador de Estudios y Proyectos del CEJA, Marco Fandiño, quien analizó los modelos de persecución penal y de análisis criminal de la región. "Hay dos extremos posibles: los más desorganizados solamente cuentan con declaraciones de principios pero no logran concentrar sus esfuerzos ni delimitar en qué fenómenos delictivos concentrarse. Y están los bien organizados. En América Latina no hay ni los unos ni los otros, sino que se ubican en el gradiente de ambos", detalló.

La jornada concluyó con la mesa sobre "El problema del uso compartido de la información criminal", a cargo del procurador general de Chubut, Jorge Luis Miquelarena; el secretario del Área de Inteligencia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Eduardo Estévez; el representante de la Secretaría de Política Criminal del MPA de Santa Fe Gustavo González; el gerente del Observatorio de Criminalidad del MPF del Perú, Juan Huambachano Carbajal, y el coordinador de Estudios y Proyectos del CEJA, Marco Fandiño.