En el marco de la visita de representantes del Ministerio Público de Guatemala a la Argentina, continuaron ayer las reuniones de trabajo e intercambio focalizadas en la experiencia en atención a víctimas de violencia de género y en el sistema acusatorio.

Por la mañana, el fiscal Sandro Abraldes y la fiscal Paula Asaro detallaron a la jefa del Departamento de Atención a Víctimas del Ministerio Público guatemalteco, Vilma Rojas, y al secretario de Política Criminal de Guatemala, Rootman Pérez Alvarado, la investigación y el juicio por el femicidio de la adolescente Ángeles Rawson y de los distintos casos de violencia de género que trabajan diariamente. En ese sentido, ambos representantes del Ministerio Público argentino resaltaron la importancia del trabajo articulado para poder abordar estas problemáticas, en especial la creación de un área específica de género para aportar nuevas herramientas a los fiscales. Abraldes destacó que “es importante tener una política de género para evitar miradas individuales y tener una respuesta en conjunto”.

Por la tarde, Vilma Rojas repasó las diferentes estrategias de abordaje de este fenómeno y subrayó que, según estudios realizados recientemente, en su país reciben más de 56 mil casos de violencia contra la mujer. Por este motivo, afirmó que, así como el MPF de Guatemala desarrolló una aplicación para teléfonos inteligentes para alertar y reportar llamadas de delitos extorsivos, para el próximo mes se tendrá en funcionamiento un botón de pánico para que las víctimas puedan reportar en tiempo real tanto a la Policía Nacional como a las fiscalías.

Por su parte, Pérez Alvarado mantuvo un intercambio de preguntas y reflexiones con el jurista especializado en reforma procesal Alberto Binder. El representante del Ministerio Público guatemalteco explicó las bases del modelo judicial de su país, que cuenta con el apoyo de un sistema informático que asigna a cada caso un fiscal para la investigación y otro más en rol litigante, para agilizar las tareas.

Según el secretario de Política Criminal de Guatemala, para poder llevar adelante una gestión efectiva fue necesario que el Ministerio Público realizara un inventario de casos en curso, lo que permitió conocer la cantidad de causas e investigaciones que habían sido víctimas del estancamiento. Binder elogió este sistema y agregó: “A medida que las organizaciones son más complejas, se requiere un plan más desarrollado. Cuando más capacidad se le da a las fiscalías y dependencias, más capacidad de conducción se necesita para poder mantener el nivel de desempeño”.

Hoy, Pérez Alvarado y Rojas mantendrán un encuentro con las representantes de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) en el que se trabajará sobre las experiencias de ambos países en el trabajo interdisciplinario de atención a las víctimas.