15 de junio de 2024
15 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Lo firmó la procuradora general de la Nación
Convenio con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
El convenio con la CTEP extenderá el trabajo de las agencias ATAJO a grupos de trabajadores informales y precarizados. El objetivo es crear herramientas jurídicas para que los conflictos de la economía popular dejen de estar en la esfera penal y sea abordados desde la órbita laboral.

La procuradora general de la Nación firmó este mediodía un convenio marco de cooperación con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, para vincular a la PGN con esa organización social en temáticas relacionadas al acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Junto a Alejandra Gils Carbó, participaron los secretarios general y de formación de la CTEP, Esteban Castro y Juan Grabois, respectivamente.

El acuerdo permitirá acercar herramientas de intervención jurídica, mediación responsable, promoción de derechos y prevención de conflictividades a grupos sociales que integran esa entidad gremial que reúne a diversos colectivos de trabajadores de la economía popular: cartoneros, artesanos, manteros, carreros, campesinos indígenas y trabajadores de fábricas recuperadas, entre otros. En concreto, se buscarán alternativas de resolución de conflictos que quiten de la órbita penal situaciones vinculadas al ámbito laboral. "Necesitamos un Ministerio Público que sea un motor vivo y proactivo", destacó la procuradora.

En igual sentido, Grabois celebró el acta que “permitirá el desarrollo normativo del derecho laboral de la economía popular”. El secretario de formación de la CTEP coincidió: “Necesitamos crear herramientas jurídicas y jurisprudencia que saquen del terreno penal los conflictos que son de naturaleza laboral”.

Acompañó a la procuradora el titular de la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF, Julián Axat. Junto a Grabois y Castro, en tanto, estuvieron Gildo Onorato, Juan Martín Capenco, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y Cristóbal Marcioni.

“Ese problema también lo tuvieron las fábricas recuperadas”, explicó Gils Carbó, quien recordó que durante su labor como fiscal general de la Cámara Comercial “logramos que los jueces reconozcan a los trabajadores de esas fábricas puestas en funcionamiento por ellos mismos, y diseñamos herramientas jurídicas para reconocer esa nueva figura, que después fue incorporada a la ley”.

La labor de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal verá extendida su atención funcional a grupos sociales diversos, que exceden la territorialidad de las villas o barrios periféricos.