La Procuración General de la Nación y el ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un convenio de cooperación y colaboración para proporcionar servicios de información y difusión de derechos, consulta, derivación y asistencia de las personas en condición de vulnerabilidad.  El acuerdo fue rubricado por la titular de la cartera porteña, Guadalupe Tagliafierri, y el Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos cometidos en el ámbito del Instituo Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados del MPF, Javier Arzubi Calvo.

Como parte fundamental en la administración de justicia, el Ministerio Público Fiscal tiene como fines y objetivos los de defender los intereses generales de la sociedad, tanto en lo que atañe a la persecución penal como en la necesidad de asistir a toda la comunidad en la defensa de sus derechos. A su vez, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano asiste a la Jefatura de Gobierno en el diseño e implementación de políticas, planes y programas para la promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios, humanos y de los derechos de incidencia colectiva en general, integrando otros organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil; como así también la tarea de diseñar e implementar políticas referidas a la tercera edad, la juventud, la niñez y de género.

Por esto mismo, ambas partes coincidieron en que la cooperación beneficia sus correspondientes desarrollos institucionales, contribuyendo el fortalecimiento y consecución de sus objetivos estratégicos y operativos. El convenio firmado este mes tiene por objeto desarrollar acciones tendientes a la cooperación y colaboración con miras y a los efectos de promover relaciones y  acciones de complementación y asistencia recíproca de carácter académico, científico, profesional y/o de cualquier tipo de asistencia para proporcionar servicios de información y difusión de derechos, consulta, derivación y asistencia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Los programas y acciones que se lleven adelante en el marco del convenio serán instrumentados y definidos mediante la celebración de acuerdos específicos en los que se establecerán actividades a desarrollar, objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas, equipamiento, personal afectado y medios a emplear, lo que en ningún caso implicará erogación presupuestaria para ninguna de las partes.