El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que el delito del artículo 31°, inciso “D” de la Ley N°22.362 de Marcas, que reprime a “el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada”, no exige como un elemento adicional para la tipicidad la idoneidad de la falsificación o la imitación para causar engaño en el público consumidor. A consecuencia de ello, propició la competencia federal para investigar los hechos en el marco de la contienda “Márquez, Oscar s. infracción Leyes 11.723 y 22.362”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por sentencia del pasado 11 de septiembre de 2018, avaló este criterio, remitiéndose a los fundamentos del dictamen