La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) organizó este jueves las “XIII Jornadas Nacionales del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito”, que se llevaron a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con la asistencia de 200 personas y la participación de otras 600 de modo remoto.

La apertura de las jornadas estuvo a cargo del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, junto a la titular de la DOVIC, Malena Derdoy; la presidenta del Consejo Federal y titular del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la provincia de Salta, Matilde Sonia Alonso; la consejera de Política Exterior y Asuntos Globales de la Embajada de Francia, Noémie Yepes; y el representante de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Carlos Pincemin.

Derdoy resaltó que las jornadas se enmarcan en el 25° aniversario de creación del Consejo Federal y en el 10° de la creación de la DOVIC, y destacó el aporte que realizaron la Embajada de Francia y la Agencia Francesa para el Desarrollo.

En tanto, Alonso sostuvo que es imprescindible “garantizar niveles de reparación, restitución, indemnización y la no repetición de conductas ilícitas, atendiendo interseccionalmente a las características y condiciones de vulnerabilidad presentes en cada persona y su contexto”.

“Avanzar en clave victimológica es el modo de equilibrar la balanza de la justicia”, puntualizó.

Por su parte, Pincemin y Yepes coincidieron en destacar que la protección de víctimas no es ajena a la agenda de la embajada de Francia ni a la AFD, y pusieron de relieve el trabajo que realizan tanto el Consejo como la DOVIC en la lucha contra la violencia de toda índole, así como en la defensa de los derechos humanos.

El representante de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Carlos Pincemin; la consejera de Política Exterior y Asuntos Globales de la Embajada de Francia, Noémie Yepes; la presidenta saliente del Consejo Federal y titular del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de de Salta, Matilde Sonia Alonso; la titular de la DOVIC, Malena Derdoy; y el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tras la apertura de las XIII Jornadas Nacionales. Foto: M. Pellón

El procurador Casal cerró el panel de presentación. Recordó que el Ministerio Público Fiscal traccionó 25 años atrás para que se creara el Consejo y sostuvo que la Procuración General siempre fue promotora de iniciativas que atienden la situación de la víctima, su rol en el proceso penal y el aseguramiento de sus derechos.

Añadió que a lo largo de los años el programa de atención a la víctima en el proceso penal se fue ampliando, lo que permitió al MPF “ofrecer una herramienta institucional que garantizara su acompañamiento, independientemente del delito que hubieran sufrido”.

Así, subrayó que esto fue posible gracias al trabajo que venía desarrollando la DOVIC, no solamente en su estructura y recursos humanos sino promoviendo la coordinación de su actuación con las distintas fiscalías del país. “Esto se puede hacer porque todo lo que uno pone en esa oficina luce en su aprovechamiento y en sus resultados y esto también es reconocido por los distintos fiscales del país”, enfatizó el procurador.

Destacó además que, en el marco de la implementación del sistema acusatorio, cada unidad fiscal tiene específicamente un área de atención a las víctimas que trabaja coordinadamente con la DOVIC.

El titular del MPF reconoció el trabajo de quienes trabajan en el área a través de abordajes interdisciplinarios. “Me consta que siempre hay una manifestación de agradecimiento y satisfacción de las víctimas por la atención que brinda esta oficina”, dijo.

Abuso sexual y acompañamiento a las víctimas

El primer panel fue moderado por la titular de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos del MPF porteño, Cintia Larregina. Este espacio abordó las investigaciones complejas en casos de abuso sexual y acompañamiento a las víctimas y contó con la participación de la titular de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, María Mercedes Rubio, y del fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y correccional porteños, Sandro Abraldes.

Larregina hizo hincapié en la intervención de los equipos interdisciplinarios como pilar fundamental para contrarrestar los efectos devastadores de la violencia y los factores de riesgo que aquejan a las víctimas, con el objetivo principal de recuperar a la persona de esa experiencia traumática y empoderarla para hacer frente a la reconstrucción de su proyecto de vida.

La titular de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos del MPF porteña, Cintia Larregina (en uso de la palabra), el fiscal general Sandro Abraldes y la titular de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar del Ministerio Público bonaerense, María Mercedes Rubio. Foto: M. Pellón

Por su parte, Rubio indicó que estas investigaciones requieren atención diferenciada y que deben realizarse bajo estándares de la “debida diligencia reforzada”, que incluye la exhaustividad en la recopilación de prueba; la imparcialidad para erradicar estereotipos o prejuicios; y la necesidad de incorporar la perspectiva de género y de infancias. Añadió el enfoque interseccional, de modo de considerar todos los factores que pudieran aumentar el grado de vulnerabilidad al que se encuentran expuestas las personas agredidas.

A su turno, el fiscal Abraldes remarcó los problemas que se presentan de manera recurrente en los juicios. Entre ellos, precisó que el caso debería llegar sólido a esta instancia e indicó que surge la necesidad de revisarlo nuevamente, con lo que esto implica para la víctima. Al respecto, destacó la importancia de establecer un vínculo para que la persona agredida esté contenida, serena y con confianza, y resaltó la labor del personal de la DOVIC en el acompañamiento que brindan en cada caso.

Políticas integrales de cuidado a profesionales

El coordinador provincial del servicio de Asistencia a la Víctima del Delito del MPF de Chubut, Luis Amarfil, moderó el panel referido al desarrollo de las políticas integrales de cuidado a profesionales en el abordaje de los casos. En su intervención, destacó la importancia de formar equipos de trabajo para quienes se desempeñan en victimología, y de fomentar las reuniones intergrupales para compartir las distintas experiencias y analizar los casos.

La abogada e investigadora, especialista en planificación y gestión de políticas sociales, Laura Pautassi, se refirió al derecho al cuidado y marcó que “las relaciones laborales vinculadas al trabajo remunerado están atravesadas por múltiples discriminaciones de género”.

Resaltó la intermitencia entre las tareas de cuidado y la participación en el mercado de trabajo. “Nadie lo valora, nadie lo ve”, destacó sobre la labor de cuidado y marcó que “las mujeres dedican el doble de tiempo” que los varones, lo que representa una “desigualdad estructural”.

El coordinador provincial del servicio de Asistencia a la Víctima del Delito del MPF de Chubut, Luis Amarfil, moderó el segundo panel. A su lado, la licenciada en trabajo social de la DOVIC, María Gabriela Pombo, y la abogada e investigadora Laura Pautassi. Foto: M. Pellón

La licenciada en trabajo social y supervisora del programa especial de acompañamiento a víctimas de violencia de género de la DOVIC, María Gabriela Pombo, se refirió a cómo enfrentar el malestar en los procesos de trabajo signados por la sobrecarga, la sobre exigencia y la saturación, que derivan en desgano, desmotivación y desorganización de quienes deben realizar la tarea.

En tal sentido, marcó la necesidad de identificar qué es lo que oprime a los trabajadores para construir un reconocimiento simbólico, representado por el “juicio de utilidad: lo que se hace es útil” y un “juicio de belleza: lo que se hace es bello, sigue las reglas del oficio”.

Reparación integral a víctimas de delito

El último panel desarrolló la temática de la reparación integral a víctimas de delitos y fue moderado por la coordinadora de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos Corte Suprema de Justicia de Tucumán, María Laura Suárez. Contó con la participación del fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mauricio Viera; la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri; y el fiscal general cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo.

El fiscal Viera se refirió a cómo garantizarle el acceso a la justicia a una víctima de delitos sexuales mayor de edad que padeció la agresión cuando era menor, y el hecho se denunció tiempo después. Consideró que, cuando la investigación no pueda avanzar, pero no haya certeza negativa, en vez del sobreseimiento del imputado resultaría adecuado el archivo de la causa hasta -al menos- la mayoría edad, cuando la víctima con autonomía pueda decidir si ejerce la acción, y puntualizó que la sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal receptó esta postura en un caso en el que le tocó intervenir.

Por otro lado, marcó que “ante a la imposibilidad de avanzar en un proceso penal, en causas en que la acción penal fuera declarada prescripta”, la sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ha dispuesto que queda “habilitada para la víctima la alternativa de los juicios por la verdad”, lo cual consideró que permitiría acceder a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, dijo que en la fiscalía a su cargo tuvo intervención en unas quince causas pendientes de resolución en esa línea.

La coordinadora de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos Corte Suprema de Justicia de Tucumán, María Laura Suárez; la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri; el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mauricio Viera (en uso de la palabra); y el fiscal general cotitular de la PROTEX, Marcelo Colombo. Foto: M. Pellón

A su turno, la fiscal Mazzaferri precisó que “sin acompañamiento a la víctima no hay justicia” y destacó que “la reparación integral tiene que ser restauradora, transformadora”.

En ese sentido, hizo referencia al proyecto de ley que se presentó este año en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la “Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados”, elaborado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el marco del proyecto “Bien Restituido”. La fiscal dijo que el objetivo de esta iniciativa es crear un proceso más eficiente de gestión de esos bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella.

El fiscal Colombo, a su turno, explicó que con la reparación económica a víctimas de trata se busca “darle a las víctimas una voz propia, reparar el daño, que la víctima no salga del proceso peor de lo que entró”.

En esa línea, contó que, junto con la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRABD), desarrollaron la “Guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo fiduciario para reparación a víctimas y gestión de bienes en casos de trata de personas. Análisis y aplicación de la ley 27.508”.

“No hay que esperar que la víctima reclame, los jueces y fiscales están obligados a hacer la reparación”, concluyó.

La jornada en la UBA finalizó con las palabras de cierre a cargo de la titular de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito de la provincia de Córdoba, Alicia Salusso, y de la secretaria ejecutiva de la DOVIC, María Teresa Bravo.

Salusso destacó la riqueza del Consejo y la heterogeneidad de sus dependencias. “Ya sea en el poder ejecutivo, judicial o legislativo, todas tienen un solo norte: garantizar los derechos de las víctimas a lo ancho y a lo largo del país”.

“El camino no ha sido fácil, ya sea por los obstáculos que lógicamente se presentan como por lo sensible que es nuestra tarea. Somos eslabones de una gran cadena”, precisó.

A su turno, Bravo agradeció el sostén que brinda la Procuración General para el crecimiento y el fortalecimiento del trabajo de la DOVIC ante coyunturas complejas y desafiantes. Y resaltó el trabajo colaborativo que desarrollan en el marco del Consejo Federal: “Aprendemos, intercambiamos y construimos más y mejores estrategias para acompañar a las víctimas”, concluyó.

La directora de Asistencia a la Víctima del Delito de la provincia de Córdoba, Alicia Salusso (izquierda), fue designada presidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito de la República Argentina, junto a la titular del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Provincia de Salta, Matilde Sonia Alonso, quien dejó ese cargo. Foto: M. Pellón

Renovación de autoridades en el Consejo Federal

Más tarde, en la Procuración General de la Nación el Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito renovó sus autoridades. Los cargos quedaron distribuidos de la siguiente forma: como presidenta, Alicia Salusso; vicepresidenta, Teresa Bravo; y como vocales, Luis Amarfil y Elena Rodríguez.

Luego, se llevó a cabo un taller destinado al encuentro e intercambio de experiencias de los distintos equipos de trabajo, que contó con la participación de las/os consejeras/os representantes de los centros, servicios y oficinas de Salta, Córdoba, Catamarca, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Chubut y San Luis, el Centro de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y los ministerios públicos fiscales de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto se abordaron estrategias destinadas al cuidado de los equipos de trabajo y de las personas que los integran, ante la exposición al estrés laboral propia de las tareas que implican el contacto directo con personas afectadas por algún sufrimiento; y el aporte interdisciplinario e intersectorial que requiere el trabajo con personas víctimas de delitos.

Los distintos equipos de trabajo del Consejo Federal llevaron a cabo un taller en salón “Nelly Ortiz” de la Procuración General de la Nación. Foto: M. Pellón