En el marco del Grupo de Trabajo sobre Justicia Indígena de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), el 7 y 8 de septiembre se realizó el Conversatorio sobre Justicia Indígena Originaria “Ministerios Públicos de Iberoamérica en el Contexto de la Justicia Indígena, Pluralismo jurídico e Interculturalidad”, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. La misma estuvo organizada por la Fiscalía General del Estado de Bolivia encabezada por Ramiro José Guerrero Peñaranda, quien tuvo a su cargo la apertura del Conversatorio.

Participaron de la actividad Silvina Zimerman –por el Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina-; Hugo Sergio Velásquez Marín –Fiscalía General del Estado de Bolivia-; Gustavo Kenner Alcantera –Ministerio Público Federal de Brasil-; Magna Elena Gómez Franco –Ministerio Público de la República de Chile-; Luisa Fernanda Obando Guerrero –Fiscalía General de la Nación Colombiana-; Pedro Barán Tzay –Ministerio Público de la República de Guatemala-; José Antonio García Castro –Procuraduría General de la República de México-; Laureano Caraquito Mepaquito –Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá-; Dora Penayo Montiel –Ministerio Público de la República del Paraguay-; y Elena Carolina Delgado Manrique –Ministerio Público de la República del Perú-. Todos ellos expusieron sobre la justicia indígena en sus países, los conflictos con el sistema penal, la relación con los ministerios públicos y los desafíos que enfrentan para implementar normas y prácticas que respeten la diversidad cultural.

También estuvieron presentes Raquel Yrigoyen Fajardo e Idón Moisés Chivi, expertos internacionales en Derecho de los Pueblos Indígenas, quienes se refirieron a la trasformación de la relación del Estado con los Pueblos Indígenas y qué ocurrió con la asimilación e integración a políticas de respeto de la diversidad cultural.

En las jornadas se abordó la temática de la justicia indígena y el rol protagónico de los Ministerios Públicos sobre la materia. Al respecto, los asistentes señalaron “la escasa aplicación de los principios y derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

En ese sentido, los presentes acordaran “promover la identificación de las necesidades y criterios de acción de los Fiscales al momento de conocer en un proceso penal en el que se vea involucrado un miembro de un pueblo originario” como así también incentivar la creación de espacios de acercamiento entre los fiscales y los pueblos indígenas, en miras a encarar mecanismos de coordinación y cooperación. También postularon “promover el fortalecimiento de los pueblos indígenas en la atención con pertinencia cultural y lingüística en el acceso a la justicia”.

Por otra parte, los participantes de la jornada se comprometieron a realizar una serie de tareas para “optimizar el trabajo del Ministerio Público, con relación al tratamiento penal de los pueblos indígenas”, entre las cuales se cuentan el intercambio de información, jurisprudencia y análisis de casos prácticos sobre la materia.