El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno Magrane, suscribieron hoy un acuerdo sobre cooperación internacional en materia penal. La firma tuvo lugar en el Palacio San Martín de la Cancillería, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la firma del acuerdo, protocolizado por Resolución PGN N°58/26, ambos organismos buscan fortalecer la coordinación y colaboración recíproca en el marco de sus respectivas competencias y autonomía, con el fin de lograr una cooperación penal internacional más ágil y eficiente y así optimizar las investigaciones contra el crimen transnacional.

Para ello, además de otras acciones conjuntas, el acuerdo establece conductos y mecanismos formales de coordinación para lograr una mejor gestión, centralización, sistematización y trazabilidad de los trámites de asistencia jurídica internacional en materia penal, también conocida como asistencia legal mutua. Este instrumento legal es el mecanismo mediante el cual los jueces, fiscales u otras autoridades competentes de distintos países colaboran entre sí para obtener evidencias y llevar a cabo diligencias y trámites en el exterior en sus investigaciones penales, contando con la legalidad y validez necesarias en un proceso penal formal, mediante la intervención de la Cancillería como de autoridad central en la mayoría de los tratados internacionales sobre la materia en vigor y como canal de comunicación en la vía diplomática.

Por parte del MPF de la Nación, se designó a la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), a cargo de Diego Solernó, como canal de coordinación y para el intercambio oportuno de información relevante y la coordinación de acciones que tiendan a optimizar la tramitación de los distintos requerimientos y facilite la interacción con las autoridades extranjeras competentes.

El procurador general interino asistió al acto acompañado por el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI) de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel; la subdirectora adjunta y el secretario letrado de esa oficina, Teresa Bertotto y Luis Arocena, respectivamente; y el titular de la DIGCRI, Solernó.

En la firma del documento, Casal destacó que “la cooperación internacional efectiva y eficiente es una necesidad frente a la criminalidad contemporánea en delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo o los ciberdelitos, que trasciende fronteras y hace necesaria que las investigaciones para obtener datos, evidencia, activos y aprender sujetos, se desplieguen entre distintas jurisdicciones”. En ese sentido, señaló que “la velocidad con que circulan los activos y la volatilidad de la evidencia digital” hacen que la cooperación deba ser “cada vez más ágil y fluida”.

El canciller Pablo Quirno y el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, con el acuerdo firmado. Foto: M. Pellón / Fiscales.gob.ar

En esa línea, procurador subrayó que “la eficacia en la cooperación internacional debe comenzar por una mejor coordinación interna del Estado”, por lo que explicó que el acuerdo procura “fortalecer esa capacidad, al afianzar las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio Público Fiscal, mejorar los canales de comunicación, la trazabilidad de los requerimientos y la rapidez de las respuestas”. El titular del MPF destacó además que ambos organismos cuentan con una experiencia de trabajo conjunto desarrollada durante años y con “resultados realmente valiosos”. “Lo que hoy hacemos es dar un paso más: recoger esa experiencia, consolidar los canales de coordinación que se han demostrado útiles y adecuarlos a un escenario que ha cambiado sustancialmente”, enfatizó.

En los considerandos del acuerdo también se remarcó la necesidad de complementar y actualizar los instrumentos de cooperación existentes frente a las transformaciones de la criminalidad, los estándares internacionales y el sistema de persecución penal argentino. En particular, por la evolución de los mecanismos de asistencia jurídica internacional y por el cambio del sistema de persecución penal, con la implementación del sistema acusatorio y el fortalecimiento del rol del Ministerio Público Fiscal y, fundamentalmente, porque la tecnología revolucionó profundamente tanto las formas de criminalidad como la naturaleza y disponibilidad de la evidencia.

En línea con el avance de la implementación del sistema acusatorio y las funciones que asumen los fiscales, se acordó que, una vez analizado el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo exigidos por los tratados internacionales, los requerimientos enviados por autoridades competentes extranjeras que no involucren medidas coercitivas que restrinjan la libertad, derechos o bienes de sujetos en el país, sean remitidos directamente al Ministerio Público Fiscal para su oportuna ejecución. Esto busca agilizar la distribución interna de los trámites de cooperación pasiva y promover una intervención más especializada en la ejecución de los pedidos entrantes. El acuerdo también fija procedimientos y canales para el intercambio espontáneo de información entre autoridades competentes y promueve la complementariedad de los canales formales de asistencia jurídica internacional con los mecanismos de cooperación internacional directa en los que participa el Ministerio Público Fiscal.

En ese contexto, Casal sostuvo que el convenio busca adaptar los mecanismos de cooperación a las exigencias actuales y concluyó: “La firma no es simplemente la formalización de un acuerdo entre dos organismos, sino una respuesta a la necesidad de adaptar la cooperación internacional argentina a las exigencias actuales de la persecución penal”.

Por su parte, el ministro Quirno destacó que el acuerdo “consolida una cooperación que ya existe y le da una arquitectura más dinámica y sólida a la cooperación penal internacional”. En ese sentido, remarcó la importancia de la rapidez en el intercambio de información y evidencia: “El tiempo forma parte del resultado. La evidencia y la información, cuando circulan sin retrasos, pueden definir el curso de una investigación y la eficacia con la que la justicia hace valer la ley”.

Señaló que la Cancillería articula los canales con otros Estados mientras que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante investigaciones que, en muchos casos, dependen de pruebas ubicadas fuera del país. “Cuando ambas instituciones actúan en sintonía, la justicia argentina gana tiempo, alcance y eficacia”, afirmó.

El canciller Pablo Quirno y el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dialogan en el Palacio San Martín de la Cancillería. Foto: M. Pellón / Fiscales.gob.ar

El canciller también advirtió sobre el impacto de las estructuras criminales que utilizan las finanzas y la tecnología para operar a través de distintas jurisdicciones y sostuvo que el acuerdo contribuye a fortalecer la respuesta estatal frente a esas organizaciones y a la aplicación de los estándares internacionales.

“La ley debe conservar autoridad frente a quienes pretenden utilizar las fronteras, las finanzas o la tecnología como refugio para el delito. Una democracia que hace valer la ley a tiempo es una democracia más difícil de vulnerar”, concluyó.

El acuerdo

En el documento suscripto, además de establecer un marco general de coordinación y cooperación internacional en materia penal para el intercambio eficaz de información y evidencias, la optimización de las investigaciones y un abordaje más eficiente de los fenómenos criminales transnacionales, ambos organismos acordaron promover conjuntamente actividades de formación, capacitación y difusión.

Por otra parte, constituyeron una mesa de trabajo que se reunirá periódicamente —al menos dos veces al año— para intercambiar información, experiencias, buenas prácticas y herramientas disponibles, como así también, identificar desafíos y necesidades comunes, definir estrategias de intervención, concertar actividades y diseñar proyectos normativos de mutuo interés.

También, acordaron fortalecer la comunicación, gestión y coordinación de los requerimientos, tanto activos como pasivos, para favorecer la centralización, sistematización y adecuada trazabilidad de los trámites de asistencia jurídica internacional en materia penal, optimizar su seguimiento y coordinación entre las autoridades competentes y mejorar los mecanismos de cooperación internacional.