El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, suscribió hoy un convenio marco de colaboración y cooperación con los apoderados de la firma Claro, Tomás Mihura Gardín y Javier Alvarado Uriburu. También participaron el titular de la Dirección General de Desempeño Institucional, Nicolás Fondevila Sancet, y Juan Dóllera, integrante de la Secretaría de Coordinación Institucional.

La firma del documento, delegada en Olima Espel por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tuvo lugar esta mañana en la sede de la Procuración General, en la calle Perón 667, en el microcentro porteño. Como parte del convenio, que tendrá vigencia de dos años a partir de su firma, la empresa desarrolló un portal web para la gestión de requerimientos judiciales, que permitirá a los magistrados del Ministerio Público Fiscal solicitar información relativa a titularidades, datos registrales (IMEI e IPs) y registros de comunicaciones de clientes de Claro, solo a efectos de ser incorporados en el marco de un proceso judicial en curso.

El acuerdo responde a las pautas del MPF en materia de política criminal y de persecución penal. Dentro de esos lineamientos, el portal permite la incorporación a su infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones digitales a los efectos de optimizar las herramientas para la investigación de hechos delictivos.

A los fines de resguardar la confidencialidad de la información, cada usuario del Ministerio Público deberá registrarse en el portal. Una vez realizado el trámite, podrá canalizar todo requerimiento judicial dirigido a Claro. La empresa, por su parte, se compromete a mantener operativo el sitio y a dar respuesta a las solicitudes cursadas dentro del plazo que le fuera indicado. Sólo podrán solicitar información a través del portal los y las magistrados/as del Ministerio Público, y/o los y las auxiliares fiscales que se encuentren cumpliendo funciones como titulares de fiscalías nacionales y federales de todos los fueros e instancias, procuradurías, unidades fiscales especializadas y direcciones generales de apoyo.

A partir de la firma del acuerdo, ambas partes se obligan a mantener estricta confidencialidad con los datos suministrados a través del sitio, como también a adoptar todas las medidas técnicas y organizativas tendientes a prevenir la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y a la detección de cualquier otra desviación en el uso y/o destino de la información.