El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, participó esta mañana de la apertura del I Foro de representantes de Poderes Judiciales sobre la Cooperación contra la Corrupción, al  que asistieron fiscales, jueces y expertos de organismos iberoamericanos y regionales. Del acto formaron parte también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el embajador español, Javier Sandomingo Núñez, y el secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jean Michel Arrighi.

Casal señaló en su exposición que la corrupción fue entendida históricamente como un delito que sólo afectaba al Estado, en contraste con lo que ocurre en el presente, cuando se lo interpreta como fenómeno del que es víctima la sociedad en su conjunto. "En la actualidad asumimos que éstos son actos ilícitos de los que 'todos somos víctimas' y admitimos que la corrupción ataca la calidad de los servicios públicos, la suficiencia de infraestructura necesaria para el crecimiento, el desarrollo económico y, principalmente, a los ciudadanos, como destinatarios de los distintos programas y políticas públicas dañados por la corrupción. En esta línea cada vez cobra mayor fuerza la perspectiva que resalta el impacto de la corrupción sobre el disfrute efectivo de los derechos humanos", indicó.

En este sentido, destacó la importancia de diversas redes de cooperación directa entre ministerios públicos de la región, que han permitido agilizar y flexibilizar los mecanismos tradicionales de la asistencia jurídica internacional, entre ellos la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción; la Red de oficiales encargados de hacer cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe; la Red de Recuperación de Activos, del GAFILAT, y la participación de los Ministerios Públicos Iberoamericanos en la IBERRED y su plataforma digital IBERA. "Lo importante es que en todas ellas se intercambian conocimientos, buenas prácticas, experiencias en investigaciones e, incluso, a veces llegan a darse intercambios operativos. Este trabajo coordinado hace posible generar lazos de confianza, compartir problemas, intercambiar experiencias, información, y promueve el conocimiento de los sistemas jurídicos y los procesos legales de cada país", ponderó Casal. Y agregó: "No debemos ver a la cooperación como un fin en sí misma, sino como un medio idóneo para agilizar y hacer más completas y sólidas las investigaciones por delitos trasnacionales".

El Ministerio Público Fiscal de la Nación también tuvo presencia en el primer panel, bajo la consigna “La importancia de la cooperación jurídica internacional en la persecución de actos de corrupción: el rol de los fiscales”. Allí expusieron el secretario de Coordinación Institucional del organismo, Juan Manuel Olima Espel, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Ambos compartieron experiencias junto a José Ugaz, ex procurador Ad-Hoc de Perú para el caso FujimoriMontesinos y ex presidente de Transparencia International, y Pedro Lupera, fiscal venezolano.

Las mesas se sucedieron durante el resto de la jornada, de las que formaron parte, entre otros, la jueza Karina Perilli y los jueces Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Jorge Morán.

También disertaron Concepción Espejel Jorquera -presidenta de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de España- y Paulina Aguirre -presidenta de la Corte Suprema Nacional de Justicia de Ecuador-. Hicieron lo propio, además, el subsecretario de la Oficina Anticorrupción (OA) Ignacio Irigaray;  María del Mar Cabrejas Guijarro -vocal del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España e integrante de la Comisión Iberoamericana de Métodos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Droga (MARC-TTD) de la Cumbre Judicial Iberoamericana- y el secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales Sergio Alberto Palacio.