El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió a referentes italianos del Proyecto Bien Restituido -liderado por la organización italiana Libera e integrado por otras tres organizaciones locales-, que impulsa la reutilización social y económica de bienes decomisados del crimen organizado.

Durante la reunión desarrollada en la Procuración General de la Nación, los referentes de las organizaciones se refirieron a su experiencia de más de 25 años en el combate de la criminalidad organizada y la reparación de las víctimas directas, indirectas y del mismo Estado.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En la comitiva italiana participaron, entre otros, el presidente y fundador de Libera. Asociaciones, nombres y números contra las mafias, Luigi Ciotti; la jueza italiana, consejera de la Corte Suprema y consultora jurídica de la Comisión Parlamentaria sobre femicidio, Paola Di Nicola; el procurador de la República de Tivoli y miembro del Consejo Directivo de la Agencia Nacional para los Bienes Incautados y Decomisados (ANBSC), Francesco Menditto, y el representante argentino de Libera, Lucas Manjon.

Bien Restituido -para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil- es un proyecto financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, en el marco de las convocatorias 2021 de CooperAR-UE, y cofinanciado por la Organización Internacional Italo-latinoamericana (IILA).

Durante la reunión se dialogó sobre la evolución de la incautación y el decomiso de bienes en causas de criminalidad organizada en Argentina y de los problemas legales que en la actualidad se plantean para la administración y disposición final de esos bienes. Por eso se valoró la posibilidad de compartir las experiencias de Italia sobre estas cuestiones, que puedan contribuir al diseño de reformas legislativas y estrategias investigación patrimonial y decomiso para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, así como la reutilización social de esos bienes como herramienta para incluir a la sociedad en una reparación integral del daño provocado por el delito.