El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aprobaron y firmaron hoy el Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital. La nueva herramienta de investigación fue presentada en un acto realizado en la sede de la Procuración General de la Nación localizada en Perón 667 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El protocolo presentado esta mañana fue desarrollado mediante el trabajo mancomunado y colaborativo entre la Dirección de Investigaciones del Ciberdelito del Ministerio de Seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal, junto a los equipos técnicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Secretaría de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Durante el acto participaron por el Ministerio Público Fiscal el fiscal general a cargo de la UFECI, Horacio Azzolin; la titular de la DATIP, Romina del Buono; el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y el y la integrante de esa secretaría, Juan Dóllera y Teresa Bertotto.

El ministro Fernández estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Lucas Gancerain; la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa; el director de Investigaciones del Ciberdelito, Pedro Janices; el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Alejandro Glinsky; el prefecto naval nacional Rubén Farinon; el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; y el director de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Gendarmería Nacional, Hugo Alejandro Miranda.

El protocolo busca lograr una metodología de intervención adecuada y uniforme en aquellos casos donde existan elementos que pudieran contener potenciales elementos probatorios. El instrumento define las pautas y procedimientos a las que deberán atenerse los miembros de las fuerzas federales policiales y de seguridad al momento del proceso de identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital asociada a cualquier delito y, en particular, los ciberdelitos. Es decir, tanto en crímenes en los que los sistemas informáticos son un medio para cometer otros delitos (conocidos como delitos ciberasistidos), como los ataques contra los sistemas informáticos (delitos ciberdependientes).

En tal sentido, detalla los procedimientos específicos de secuestro para el primer interviniente clasificados por tipo de dispositivo electrónico, tales como teléfonos celulares, notebooks, equipos de escritorio, servidores, equipos de imagen de video, criptoactivos, rigs de minería y redes informáticas. Incluye los flujogramas de los procedimientos de secuestro para su consulta rápida en el campo y detalla también los lineamientos para la intervención técnica-forense por parte del personal especialista en el laboratorio.