El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió hoy a 25 fiscales de los fueros Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Penal Económico, luego de que la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) se postergara hasta el próximo 10 de noviembre en la jurisdicción.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de la sede de la Procuración General de la Nación de la calle Perón 667 de la Capital Federal. Las y los fiscales del fuero Criminal y Correccional Federal que asistieron fueron Eugenia Anzorreguy, José Luis Agüero Iturbe, Ramiro González, María Alejandra Mángano, Guillermo Marijuan, María Paloma Ochoa, Franco Picardi, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.

También concurrieron las y los fiscales generales de juicio del mismo fuero Gabriela Baigún, Marcelo Colombo, Abel Córdoba, Juan Patricio García Elorrio, Fabiana León, Diego Luciani, Miguel Ángel Osorio y Diego Velasco.

Del fuero en lo Penal Económico, estuvieron Gabriel Pérez Barberá, Marcelo Agüero Vera, Germán Bincaz, Jorge Dahl Rocha, Claudio Navas Rial y María Gabriela Ruiz Morales.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, junto a los cotitulares de la UNISA, Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima Espel. Foto: M. Pellón

Casal estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, quienes además son los cotitulares de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA).

El propósito fue conversar sobre el estado de situación de los fueros y atender las inquietudes relacionadas con la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio.

En ese contexto, Casal recordó que el viernes pasado envió una nota al Ministerio de Justicia de la Nación donde defendió la idoneidad y capacidad de los fiscales de ambos fueros para encarar investigaciones complejas y reclamó al Gobierno nacional la falta de recursos materiales y humanos adecuados. En ese sentido, destacó el déficit de cargos vacantes existente en el MPF y recordó que hace un año y medio que el Poder Ejecutivo retiene 222 pliegos para esos nombramientos.

Durante la reunión, se receptaron opiniones, propuestas de organización y reformas, así como también se abordaron aspectos vinculados a los recursos humanos y tecnológicos indispensables para la implementación efectiva del sistema.

Los 10 puntos acordados

Luego de expresarse en orden a sus inquietudes respecto a la puesta en marcha del sistema acusatorio, los funcionarios y magistrados del MPF coincidieron en:

• Expresar su adhesión a los términos de la nota dirigida al Ministerio de Justicia de la Nación el pasado viernes.
• Manifestar que quienes se encargan de la implementación del CPPF comunican que se trata de un sistema que otorga mayores responsabilidades a los fiscales, sin embargo no existe un correlato con la asignación de los recursos para atenderlas.
• Considerarse preparados para llevar adelante causas de complejidad y así lo han demostrado, y que no debe confundirse el reclamo de herramientas para desarrollar sus labores bajo el nuevo sistema con falta de capacitación o desacuerdo con su instauración.
• La necesidad de que se haga efectiva la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal.
• La existencia de una preocupante falta de recursos para la implementación del sistema acusatorio. Es necesario fortalecer la representación del Ministerio Público, cubrir las vacantes existentes, dotar de más personal a las fiscalías (creación de cargos y traspaso), establecer cuerpos periciales propios, firmar convenios para asegurar la atención de los existentes, mejorar la situación edilicia y tecnológica, entre otras medidas de refuerzo.
• La necesidad de una mayor vinculación con las fuerzas de seguridad destinadas a generar cuerpos de investigaciones que sean auxiliares directos de los fiscales en las pesquisas de casos complejos.
• Analizar las normas referidas a la sustanciación de ese tipo de casos para hacer propuestas de reformas que permitan tramitarlos sin que resulte afectado el combate de la criminalidad organizada.
• La necesidad de retomar el diálogo interinstitucional y comprometer a todos los actores del sistema de justicia con abordar las dificultades que implica la puesta en marcha del sistema.
• Advertir que el tiempo que resta hasta el 10 de noviembre, no parece suficiente para realizar las adecuaciones necesarias.
• En resumen, de persistir en la puesta en marcha del sistema en estas condiciones se compromete la actuación de este organismo y afecta la tramitación de causas complejas por hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social.

La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la Procuración General de la Nación. Foto: M. Pellón