Carmen Chena  y el equipo de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, con la colaboración de Cecilia Vázquez, funcionaria de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) finalizaron el curso “El crimen organizado y el recupero de activos” que se realizó en la Escuela de Servicio de Justicia y en el que participaron funcionarios y empleados del MPF, del Poder Judicial de la Nación, abogados, estudiantes de abogacía, docentes e investigadores.

El objetivo fue dotar a los asistentes de capacidades teóricas y prácticas en materia de recupero de activos, a los efectos de que puedan orientar las investigaciones de las fiscalías, así como sus intervenciones en el marco de causas no delegadas, hacia la efectiva identificación, localización, cautela, administración, decomiso y, según el caso, la eventual repatriación de los activos ilícitos.

“El proceso de recupero de activos comienza con una etapa de investigación patrimonial dirigida a identificar y localizar los bienes pasibles de decomiso (instrumentos, producto y provecho del delito), así como los activos suficientes para garantizar la eventual imposición de una pena pecuniaria y la indemnización civil”, dijo Chena.

Luego, continuó la docente, “se desarrolla la etapa precautoria, orientada a asegurar los bienes identificados a fin de que durante el transcurso del proceso no se realicen actos que impidan su ejecución”.

Chena agregó que una vez que los bienes han sido cautelados, “se produce la etapa de administración de activos, vinculada con la necesidad de conservar el valor de los bienes durante el proceso a los efectos de su posterior decomiso o restitución, así como para asegurar la pena pecuniaria y la indemnización civil”.

Finalmente, se desarrolla la etapa de indemnización civil, multa y decomiso “en la que se ordena la indemnización; se aplica la pena pecuniaria; y  se transfiere de manera definitiva el dominio de lo decomisado en favor del Estado o de terceros, dependiendo de lo que disponga la normativa aplicable a cada caso”, concluyó.

A su turno, Vázquez señaló que en la Argentina, “la etapa cautelar del recupero de activos suele tener un impacto limitado” y enumeró como los principales obstáculos “que no se realiza una investigación patrimonial previa que permita llegar a la instancia cautelar con bienes ya identificados y localizados; que las medidas se ordenan en una instancia avanzada de las actuaciones, generalmente al dictar el auto de procesamiento; y que muchas veces las medidas no quedan efectivamente trabadas porque se descuidan aspectos formales como su inscripción registral o la notificación al afectado”.

Vázquez afirmó que el decomiso “es la pieza clave de la política de recupero de activos”. “La reforma penal inicial implicó el abandono por parte del legislador argentino de la concepción tradicional según la cual el decomiso es una mera pena accesoria a la condena y la adopción, en cambio, en esta visión moderna se lo concibe como una herramienta orientada al recupero de activos provenientes del delito, que procura impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo”, concluyó.