Los fiscales coordinadores de Distrito participaron ayer por la tarde de una jornada de trabajo en la que debatieron sobre técnicas especiales de investigación y herramientas procesales en materia de criminalidad organizada. El encuentro sirvió además para la presentación formal del sistema “Coirón”, un software elaborado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut que permitirá ordenar el funcionamiento de las fiscalías de acuerdo al paradigma acusatorio adversarial, según describió la procuradora general Alejandra Gils Carbó al encabezar el acto de apertura. La herramienta informática comenzó a implementarse desde marzo en los distritos fiscales de Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Procuraduría de Narcrocriminalidad (PROCUNAR) y la Unidad Fiscal de Cibercrimen (UFECI).

La mesa de trabajo estuvo encabezada por la secretaria de coordinación institucional Mariela Labozzetta, y contó con las exposiciones del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, de los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, y del titular de la Procunar, Diego Iglesias. Al término de cada intervención, tuvo lugar un intercambio de opiniones con los fiscales coordinadores de Distrito que participaron del evento.

El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y titular de la PIA, Sergio Rodríguez, centró su exposición en el impacto que tendrá para la investigación de hechos de corrupción las modificaciones normativas introducidas por la sanción, en octubre pasado, de la ley 27.304, conocida como “ley del arrepentido”. En este sentido, Rodríguez indicó que se trata de una herramienta útil cuya adecuada implementación permitiría acortar los plazos de tramitación de las causas, que en la actualidad tienen un promedio de duración de catorce años. No obstante, puntualizó algunos aspectos poco claros o “vacíos” que deberían ser abordados en la reglamentación, como por ejemplo la posibilidad de que los fiscales puedan realizar el acuerdo con el “arrepentido” durante la etapa de investigación preliminar, o si los fiscales tendrán la facultad o no de pactar respecto al decomiso, cuestión esta última que adquiere especial relevancia en el caso “Odebrecht”, ante los significativos montos de las operaciones investigaciones, todas ligadas a la obra pública.

El titular de la PIA explicó a su vez el tipo de colaboración que presta el organismo a los fiscales que intervienen en causas derivadas del “Lava Jato”.

En tanto, la cotitular de Protex Alejandra Mángano se refirió al recupero de activos en las causas por delitos de trata y explotación de personas, donde existe “una tensión entre lo que es el crimen organizado y la lesión de derechos humanos de las víctimas”. Mángano señaló que desde la procuraduría especializada se pone especial énfasis en la investigación patrimonial y los decomisos. “Hay un artículo en la Ley de Trata que dispone la creación de un fondo en el marco del Consejo Federal de Trata, para administrar los bienes, inclusive antes de la condena. Luego del decomiso efectivo, el Consejo dispondrá del fin último de estos bienes”, indicó. La funcionaria agregó que estos bienes se destinarán directamente a las víctimas, pero que esto no anula la posibilidad de la reparación civil.

En este contexto, Colombo mencionó el antecedente del reciente juicio llevado a cabo en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde fueron juzgados los responsables del prostíbulo Sheik. “Por primera vez la víctima acudió al debate oral, lo que implicó que la acreditación de los hechos fuera más favorable. Además, por primera vez se ganó una reparación económica a la víctima”, destacó. En su exposición, también hizo hincapié en la importancia de incorporar la reparación de las víctimas en los juicios abreviados –“incorporar su voz al acuerdo”- y de que esto tenga lugar ni bien la misma es rescatada.

Por último, el fiscal federal titular de la Procunar, Diego Iglesias, describió el tipo de “intervención estratégica” del MPF a la hora de hacer frente a investigaciones complejas, que demandan una visión amplia del fenómeno criminal así como una mayor articulación con los fiscales que intervienen en las distintas jurisdicciones donde se investigan delitos relacionados con una misma organización. Iglesias tomó como base de su exposición la investigación que permitió, recientemente, desbaratar una importante organización dedicada al ingreso de estupefacientes desde Paraguay hasta la localidad de Itatí, en la provincia de Corrientes, para su posterior distribución en centros urbanos de distintos puntos del país. La investigación derivó en 49 allanamientos realizados en Corrientes en febrero pasado por orden del juez federal Sergio Torres –interviene en una de las causas vinculadas a la banda- y la detención de 27 imputados, incluido el jefe municipal de Itatí.

El titular de la Procunar señaló que en una primera etapa se realizó un profundo análisis respecto a una gran cantidad de causas diseminadas por distintas jurisdicciones para detectar posibles relaciones entre los hechos investigados y las personas involucradas, de tal forma de delinear el mapa de la actividad narcocriminal  desplegada por la organización, conformada por tres clanes que actuaban de manera coordinada. Diecisiete de estas causas se encontraban tramitando ante el Juzgado Federal n°1 de Corrientes.

A esa “perspectiva integral” se sumó el trabajo articulado con los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini con el objetivo de “no entorpecer la investigación”. Por último, mencionó los problemas de competencia que pueden surgir en causas complejas donde el accionar de una misma organización se distribuye por distintas jurisdicciones, y la unificación de expedientes para evitar demoras innecesarias y obtener mayor eficacia.