29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los coordinadores de la Unidad serán los doctores Martín Niklison y Pablo Parenti
Gils Carbó creó la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y aprobó un Protocolo de actuación para estos casos
Asimismo, la Procuradora General aprobó el Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Entre sus principales objetivos, la nueva Unidad deberá realizar las medidas necesarias para la implementación y control de su ejecución.

Mediante la resolución PGN 398/12, la Procuradora General de la Nación aprobó el "Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado" elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado a cargo del fiscal Jorge Auat y coordinada por Pablo Parenti. Asimismo, instruyó a los fiscales de todo el país para que ajusten su actuación a las pautas fijadas en el documento.

Gils Carbó mediante el Protocolo instruyó a todos los fiscales del país que intervienen en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado para que intervengan personalmente en cada uno de los momentos claves de las investigaciones. En relación con esto, mencionó, a modo de ejemplo, la necesidad de presenciar los actos en los que se procura la obtención de ADN (audiencias en la que se proceda a la extracción de sangre u otra clase de muestras, requisas, allanamientos, entre otros).

Por otra parte, en consonancia con la medida anterior, la titular del Ministerio Público dispuso, por medio de la resolución PGN 435/12, la creación de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Como coordinadores de la Unidad, designó a los doctores Martín Niklison y Pablo Parenti, quienes tendrán facultades de intervención como fiscal coadyuvante y ad hoc -respectivamente- en las diferentes causas en trámite y en todas las instancias.

Estas decisiones tomadas por Gils Carbó forman parte de una política sostenida en el tiempo por la Procuración General, mediante la cual se ha considerado que los casos de crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en nuestro país exigen como imperativo insoslayable una búsqueda comprometida de la verdad y la justicia, como contribución esencial a la reconstrucción del tejido social y de los mecanismos institucionales del Estado, que permitan evitar una repetición de hechos de similar naturaleza.

Sobre el caso particular del delito de lesa humanidad de apropiación de niños, la Procuradora General indicó que desde el organismo se implementaron varios mecanismos de actuación fiscal tendientes a garantizar el derecho a la identidad de las personas afectadas por la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños que se llevó a cabo bajo la última dictadura militar.

De esta manera, en los últimos años se han observado avances en muchos procesos vinculados a la temática, entre los que se destacan los 51 condenas por la apropiación de niños y la restitución de la identidad a 107 hijos de desaparecidos. Sin embargo, de acuerdo con la información brindada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (que hoy, en coincidencia con el Día Nacional del Derecho a la Identidad, celebran 35 años de lucha por encontrar a sus nietos apropiados), aún restan ubicar cerca de 400 niños que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes, en desconocimiento de su verdadera identidad. Esto se debe a que "los casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado tienen en común que en ellos se realizaron maniobras orientadas a ocultar el origen del niño y de este modo alterar su identidad", señala el Protocolo.

En este marco, y con el objetivo de colaborar con el trabajo que llevan adelante los fiscales de las distintas jurisdicciones que entienden en esta clase de casos y dotar de coherencia, uniformidad y eficiencia a la intervención en la materia de los representantes del Ministerio Público Fiscal, es que junto con el Protocolo, la Procuradora resolvió la creación de la referida Unidad especializada dedicada a garantizar su cumplimiento.