La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, participó ayer de la apertura del “Entrenamiento en el uso del protocolo de trabajo en talleres sobre perspectiva de género, trata de personas y explotación sexual”, junto con la Ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera.

La Procuradora mencionó que a dos meses de iniciada su gestión se creó el programa de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal que "tuvo la función primordial de incorporar una perspectiva de género en cada uno de los actos y servicios de los fiscales tanto dentro como fuera de los expedientes y que en la planificación e implementación de todas las políticas del Ministerio Público Fiscal se tomen en cuenta los derechos, intereses y experiencias de hombres y mujeres para que sean atendidos de forma equitativa rompiendo con la inercia reinante hasta hace poco tiempo".

Gils Carbó detalló que primero se trabajó en visibilizar los ámbitos de discriminación y violencia de género en el Ministerio Público. Para ello, se realizó un relevo de toda al información relacionada con la desigualdad, se elaboraron protocolos de actuación adecuados para que los fiscales apliquen en cada caso y se forjaron nuevos vínculos institucionales para llevar a cabo esta tarea y actividades de capacitación.

"Por otro lado, también les encomendé que asistan directamente a los fiscales de las distintas jurisdicciones en todos los procesos judiciales donde se pusieran en juego aspectos de discriminación o violencia de género. Para ello fueron designados tres fiscales ad hoc para actuar en casos concretos y hasta ahora fueron muchos y muy buenos los resultados que hemos recogido de esas labores. A partir de esos fiscales ad hoc se han roto historias de impunidad", añadió la Procuradora.

Finalmente, destacó la importancia que tuvo la creación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Protex, ya que implicó la "designación de un fiscal con dedicación plena a esta problemática, dotándola de recursos materiales y técnicos acorde con los desafíos que tiene la lucha contra el crimen organizado".

"Hay un trabajo reforzado a través de fiscalías y fiscales ad hoc especializados que constituye para el Ministerio Público una política criminal de primer orden porque es la que hace realidad lo que la sociedad espera de nosotros, que es que la defendamos de los delitos mas graves", concluyó.