La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió hoy al embajador de Brasil, Everton Vieira Vargas, a quien entregó una copia digitalizada de la documentación que le fue secuestrada al agente de inteligencia civil chileno Enrique Arancibia Clavel, que da cuenta de las actividades conjuntas de las dictaduras del Cono Sur en la represión ilegal a disidentes políticos. "Uno de nuestros objetivos es apoyar y consolidar el proceso de memoria, verdad y justicia y colaborar con otros países de la región en la revisión de nuestro pasado autoritario y violento", destacó Gils Carbó.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Procuración General de la Nación y la entrega de los documentos se dio en el marco del Memorándum de Entendimiento suscripto entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil para el intercambio de documentación para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. El vicecanciller argentino, Eduardo Zuaín, y el director General de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, también participaron de la reunión; al igual que representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el cónclave intervino el fiscal general Pablo Ouviña, quien actúa en el juicio oral que se está llevando a cabo por los crímenes de la Operación Cóndor, y quien propuso la entrega de esa documentación a la Comisión Nacional de la Verdad que comenzó a funcionar en mayo de 2012 en el vecino país, por decisión de la presidenta Dilma Rouseff. El asesor de esa comisión, André Savoia Martins, había requerido al fiscal general aquella documentación en carácter de colaboración para la tarea de investigación sobre los crímenes de la dictadura brasileña. El informe final de la Comisión deberá ser entregado en diciembre próximo.

Por su parte, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, también entregó al embajador Vieira Vargas documentación hallada en los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense —archivos preservados por la CPM—, que dan cuenta que los nexos entre fuerzas represivas argentinas y brasileñas habían comenzado ya en 1964.

La procuradora General abrió el encuentro remarcando la importancia de un enfoque regional en la búsqueda por la reparación de las violaciones a los derechos humanos porque "la evolución en el juzgamiento de los hechos genera resistencias en sectores de la sociedad y el Estado". En ese sentido, recordó su reciente presencia en Quito, Ecuador, para apoyar al Ministerio Público Fiscal de ese país en el juzgamiento del caso de Las Dolores.

El embajador, por su parte, agradeció la entrega de los documentos y remarcó que en esta tarea "no estamos buscando documentos específicos, sino pedazos que nos ayuden a armar un gran rompecabezas". "Es un gran trabajo de rescate de la memoria, para construir una sociedad más tolerante", añadió. Retomando las  palabras de la procuradora Gils Carbó, remarcó la necesidad de "incentivar ese trabajo" de reconstrucción: "Es la reparación que podemos hacer a las víctimas y a las próximas generaciones para que comprendan que la intolerancia es la peor herida".

El vicencanciller Zuaín, entretanto, reivindicó el perfil de los participantes de la reunión: "más que funcionarios somos militantes de derechos humanos", dijo, y puso énfasis en que "el proceso de memoria, verdad y justicia debe estar acompañado por la integración", para lo cual abogó "llegar a un estándar mínimo de derechos humanos en América Latina".

Fiscales

El fiscal Ouviña fue quien describió el contenido de los archivos entregados al embajador y sostuvo que en las investigaciones sobre los crímenes de la Operación Cóndor "si hay algo sistemático no sólo es el método sino el ocultamiento" de la información.

El fiscal explicó la diferencia entre archivos de gestión, como los hallados en la policía paraguaya —que reflejan la labor burocrática de la fuerza de seguridad en la represión ilegal—, y los archivos de información, como los secuestrados al agente de inteligencia chileno Arancia Clavel —que muestran la búsqueda e intercambio de datos respecto de blancos de interés de quienes realizan el espionaje—. "Hay un documento que podría dar cuenta de una oferta de financiamiento de Brasil a la DINA", reveló el fiscal general. La DINA era la Dirección de Inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet, una suerte de columna vertebral de la represión ilegal en ese país.

Ouviña remarcó que "para que esto no se olvide, nuestros países deberían universalizar este tipo de información".

En el encuentro, intervino también el fiscal General, Miguel Osorio, quien destacó que este tipo de iniciativas ayudan para que "no se vuelvan a registrar hechos como los de la Operación Cóndor".

Hugo Cañón, por su parte, recordó los vaivenes del proceso de verdad y justicia en nuestro país y su paso como fiscal General de Bahía Blanca durante 23 años. Luego, adelantó aspectos de la documentación que le entregó al embajador brasileño tras el encuentro. Se refirió a los archivos que ya en 1964 vinculaban a las fuerzas represivas de Argentina y Brasil en el "control y en la conformación del enemigo interno, con el conocimiento de Estados Unidos". Y añadió que hay seguimientos "desde la década del 60" al ex presidente brasileño Joao Goulart.

El fiscal General a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, destacó en el cierre que el "Plan Cóndor fue la primera empresa latinoamericana para el crimen" y puso de relieve que "este proceso de memoria, verdad y justicia no debe estar sólo entre nosotros, sino integrado a la patria grande". "En ese Plan Cóndor hay una peste de olvido", puntualizó. "La reincorporación de las víctimas es fundamental para la memoria", dijo, y aseveró: "A los sectores que quieren el olvido les duele más escuchar el relato de las víctimas que una sentencia".