La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó esta tarde un convenio marco de cooperación y asistencia técnica con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), representado por el presidente del consejo de administración y ex juez español, Baltasar Garzón Real, y la directora ejecutiva de la entidad, Adriana Arce.

El documento busca promover los lazos entre ambos organismos, para concretar la ejecución de acciones de cooperación y asistencia técnica entre el MPF y el CIPDH desarrollando de manera conjunta actividades científicas y académicas “destinadas a la protección y difusión en materia de memoria, promoción y defensa de los derechos humanos”. En ese camino, se “establecerán emprendimientos y programas específicos de investigación, desarrollo, formación, capacitación y servicios”, que podrán abarcar diferentes ámbitos de actividades específicas.

Durante el acto, Gils Carbó destacó el gran número de capacitaciones que viene llevando adelante el Ministerio Público Fiscal. En este sentido, el instrumento plantea que “se propenderá especialmente al desarrollo de acciones que tiendan a la formación, actualización, difusión y capacitación en el ámbito de las siguientes áreas de la Procuración General: procuradurías de Violencia Institucional, de Crímenes contra la Humanidad, de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, de Narcocriminalidad, y de Trata y Explotación de Personas; la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, la Unidad especializada en Violencia contra la Mujer (UFEM) y el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO), entre otras”.

Baltasar Garzón, por su parte, explicó que la firma se enmarca en las iniciativas que viene desarrollando el CIPDH para difundir la promoción de los derechos humanos, “focalizados en la relación sur-sur”. El ex juez agregó que una de las posibilidades que se abren tiene que ver con “llevar fiscales desde Argentina para que brinden capacitaciones en otros países, y que el intercambio sea recíproco”. La comitiva que acompañó a Garzón manifestó además el interés de replicar en otros países la experiencia local de la puesta en marcha de las agencias territoriales de acceso a la justicia (ATAJO), desplegada por el Ministerio Público.