La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó ayer por la tarde un convenio de cooperación y asistencia recíproca con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, con el objetivo de garantizar un procedimiento “ágil y rápido” a la hora de dar respuesta institucional a las denuncias relacionadas con delitos contra la protección de datos personales. Del acto, participó el fiscal de la PGN y punto focal en materia de cibercrimen, Horacio Azzolín.

En cuanto a su alcance, el documento establece que el procedimiento se aplicará “a las denuncias de oficio que realice la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP)” y la recepción de las denuncias efectuadas por particulares en el ámbito de ésta”.

Asimismo, la nueva herramienta facilita la concurrencia de representantes del Ministerio Público a la DNPDP para entrevistarse con las víctimas o denunciantes, y la realización de acciones conjuntas de asesoramiento, acercamiento con la comunidad, campañas de comunicación e información que favorezcan a un mayor conocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos, entre otras acciones a definir por las partes.

A su vez, el Ministerio de Justicia se comprometió a recibir las denuncias y girarlas al MPF –en caso de que constituyan delitos de acción pública- y de brindar a los damnificados y/o denunciantes el seguimiento y conocimiento del trámite del proceso penal de que se trate, entre otras obligaciones.

“Es un nuevo canal de acceso a la justicia para la ciudadanía”, destacó Gils Carbó durante el acto, al tiempo que indicó que la gran cantidad de convenios de cooperación y asistencia con otras esferas del Estado –entre ellas el Ministerio de Justicia- responde a un “cambio de paradigma” en el MPF en favor de un “modelo de articulación”.