La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó suscribió hoy una serie de convenios de colaboración y asistencia técnica con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, en la sede de esa cartera.

Los acuerdos se vinculan con el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos en materia de formación e informática jurídico-legal, el intercambio digital de información registral, el acceso a la justicia de las víctimas y denunciantes de delitos y el intercambio de información relativa a los bienes involucrados en delitos de criminalidad compleja.

Con el primer convenio, ambos Ministerios se comprometieron a brindar colaboración y asistencia mutua a los efectos de desarrollar actividades y proyectos conjuntos en materia de formación e informática jurídico-legal. Especialmente, para facilitar el intercambio de información, promoviendo la difusión de actividades y servicios prestados por S.A.I.J./INFOJUS, a fin de contribuir al acceso igualitario a la información jurídica.

Otro de los convenios les permitirá a los representantes del Ministerio Público acceder a la información a los organismos registrales dependientes de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral, de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, se acordó promover el acceso a la justicia de las víctimas y denunciantes de delitos, tanto si se constituyeron en parte querellante o particular damnificada o no, asegurando el seguimiento de la causa penal respectiva mediante el contacto directo con el fiscal interviniente. Con esto se busca garantizar el funcionamiento y eficiencia de un sistema penal justo y humano, permitiéndoles a las víctimas y testigos participar del proceso penal en forma adecuada y activa, con el sostén institucional necesario y sin que ello implique someterse a situaciones de nueva victimización ni soportar esfuerzos o molestias evitables.

Finalmente, en materia de criminalidad compleja (por ejemplo, lavado de activos, trata de personas o narcotráfico), las autoridades se comprometieron a intercambiar información relativa a los bienes involucrados en este tipo de delitos, con el fin de proceder a su identificación, registro, valuación y localización.

En este sentido, los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación que investiguen o intervengan en la investigación de delitos vinculados con la criminalidad compleja deberán informar al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (RNBSD) acerca de los bienes secuestrados, cautelados o decomisados, de manera provisoria o definitiva, en los distintos procesos.

Por su parte, el RNBSD registrará, sistematizará y categorizará la información remitida por las fiscalías, de manera tal de poder visualizar la dimensión de los flujos económicos que implica la criminalidad organizada trasnacional. A partir de ello, el Ministerio de Justicia se comprometió a elaborar un informe mensual, que remitirá a la Procuración General de la Nación, en el que se vuelque la información ya procesada.