“La Justicia es la respuesta ante la injusticia. Eso implica más que un procedimiento, la presencia de ciertos institutos o el cumplimiento de pasos rituales. Implica conocer y estudiar el fenómeno criminal en sí, y el contexto social que involucra a las víctimas y a la sociedad, que también es una víctima de los ilícitos que se cometen”, consideró la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, durante el acto de clausura de las I Jornadas Iberoamericanas de Capacitación Judicial, realizadas el viernes en la ciudad entrerriana de Paraná. “ Me parece muy positivo e importante que se enfoque la capacitación judicial desde una visión iberoamericana”, afirmó la titular del MPF, quien además repasó los nuevos criterios de formación implementados en la Escuela del Servicio de Justicia, junto al Ministerio Público de la Defensa.

Gils Carbó puntualizó que “muchas veces, la enseñanza del derecho adopta modelos normativistas, que se basan en abstracciones: para definir cuál es la esencia última de lo justo se recurre a estados imaginarios de bienaventurados o se establece la necesidad de liberarnos de un mito totalitario; se parte de escenarios o premisas que no tienen que ver con la realidad, y se termina creyendo que la justicia es un procedimiento. El cumplimiento de una serie de pasos rituales y formales que son garantía de una serie de derechos fundamentales, pero que por sí solos se quedan en una burocracia”.

Además, la procuradora analizó la reforma del Código Procesal Penal aprobada por el Congreso a fines del año pasado. En ese sentido, recordó que las instituciones policiales y la falta de autonomía del fiscal “no es una cuestión meramente teórica”. Por el contrario, la titular del MPF afirmó que “produce una deformación de la persecución penal”, porque “en lugar de haber una política criminal definida de manera estratégica, uniforme y homgénea a lo largo del país o de una jurisdiccióm, es política resulta atomizada en las múltiples decisiones individuales de los agentes policiales”. Gils Carbó detalló que con el actual CPP, sos los propios policías quienes definen qué delitos se persiguen y se investigan; cuáles son las pruebas, y quiénes son los autores.

En el acto de clausura estuvo presente también la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez; el vicegobernador José Cáceres; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak; la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia y directora del Instituto Dr. Juan Bautista Alberdi, Susana Medina de Rizzo, y el vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz.