La Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó participó de la I Jornada de la Unidad de Información Financiera sobre la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que se realizó durante el 26 y 27 de septiembre pasados en la sede la UIF.

Allí, Gils Carbó tuvo la posibilidad de disertar en la segunda fecha y, entre otras cosas, destacó que "esta clase de delitos económicos tienen varias particularidades, entre ellas la ausencia de un damnificado directo en el lavado de dinero (lo cual imprime una especial importancia al rol del Ministerio Público Fiscal)". Sin embargo, añadió, "que no se identifique un perjudicado no significa que no haya afectados". En ese sentido, para la Procuradora General, "esta clase de delitos solo pueden ser apreciados por personas expertas en los ámbitos donde ocurren pero involucran (perjudican) a millones de personas, por cuanto desfinancian al Estado y socavan las instituciones sociales".

Luego, la titular del Ministerio Público dijo que "rara vez los delincuentes se perciben como tales y nunca son arrestados por policías, rara vez se juzgan en tribunales penales este tipo de delitos económicos y con efectos difusos tampoco hay mapas de delitos económicos, con lugares o actividades resaltadas en rojo". Y al hablar de una de las principales particularidades de este delito, mencionó la presencia de la transnacionalidad. En función de esto último, remarcó que para que esta clase de actividades ilegales se puedan realizar, "existe una herramienta indispensable: las denominadas sociedades off shore". "Se trata del uso de herramientas jurídicas, principalmente societarias, destinadas a crear apariencia de legalidad", concluyó Gils Carbó.

Ya sobre el final de su exposición, la Procuradora reveló que "si leemos rápidamente algunos nombres vamos a llegar a una conclusión elemental: los principales beneficiarios del sistema off shore no son los cabecillas del narcotráfico o el crimen organizado. Los principales clientes son corporaciones trasnacionales y los llamados 'hombres de negocios'. En ese sentido, hay un consenso ideológico básico que muestra hasta qué punto hay intereses no legítimos dominantes que protegen este sistema y logran el consenso de la sociedad".