La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, compartió ayer por la tarde una reunión con referentes de más de 30 organizaciones sociales  vinculadas a cuestiones de género y diversidad sexual, frente a quienes efectuó un repaso de las políticas específicas vinculadas a la violencia contra la mujeres y la inclusión y acceso a la justicia de diversos colectivos históricamente postergados, al tiempo que proyectó –de cara al futuro con la reforma del código procesal penal- el ingreso de auxiliares fiscales especialmente capacitados en cuestiones de género. Por su parte, desde las organizaciones expresaron su fuerte apoyo a la gestión de la titular del Ministerio Público Fiscal.

“Lo que básicamente vimos cuando me puse a cargo de la institución fue que, además del gran retraso de inclusión de mujeres y diversidad en los ámbitos judiciales, existía ya un sistema de funcionamiento que dentro del Ministerio Público hacía difícil cambiar las cosas. Y que nosotros quisimos quebrar desde el inicio. Particularmente, esta idea concebida de las fiscalías atomizadas, aisladas, el fiscal como alguien recostado sobre el Tribunal esperando que le diga cuándo actuar, esperando que la policía le dé una respuesta, respuestas estandarizadas porque no había capacitación especializada”, señaló Gils Carbó. En ese sentido, destacó que la primera acción destinada a incorporar una perspectiva de género dentro del organismo  fue la creación del Programa sobre Políticas de Género – hoy Dirección General -  que tuvo un rol fundamental en la  capacitación y fuerte incidencia en la modificación de ciertas prácticas arraigadas en una cultura patriarcal.

Asimismo, la titular del MPF destacó, luego de 3 años de gestión, la jerarquización de algunas de las estructuras internas que tienen actualmente una actuación estratégica en materia de política criminal, como es el caso de la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya trabajo articulado con la fiscalía y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) permitió dar  “una respuesta inmediata dirigida al esclarecimiento” del crimen de la activista trans Diana Sacayán.

En ese contexto, Gils Carbó resaltó la articulación entre la UFEM y las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOs) en las principales villas de emergencia, donde “se reciben muchas denuncias por violencia de género y ahí se da una respuesta en el territorio, muy específica, a veces personas que están tan sometidas, casi esclavizadas, que nunca irían hasta un edificio del centro a hacer las denuncias”. También, aseguró que la inclusión de mujeres trans en el plantel profesional del MPF “enriqueció” la actividad desarrollada por la institución.

“El MPF está para igualar las asimetrías. Donde hay vulnerabilidad, donde hay debilidad, el MPF tiene que levantar la voz del que no se escucha porque no tiene los bienes culturales, las redes sociales, ya sea por las estructuras patriarcales, o porque no tiene el ingreso a las fuentes del poder judicial como otros sectores poderosos. Ese es el lugar del MPF para cambiar esa falsa cultura de la neutralidad, de cerrar los ojos. Una justicia que no ve las diferencias es indiferente a las diversidades, que deben ser privilegiadas para que haya verdadera igualdad”, concluyó.

Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes la fiscal a cargo de la UFEM, Mariela Labozzetta y las directoras de Políticas de Género, de la DOVIC y de Derechos Humanos del MPF, Romina Pzellinsky, Malena Derdoy y Andrea Pochak, respectivamente. En tanto, por parte de las organizaciones asistieron Marcelo Sutein de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA); Vida Morant del Bachillerato Trans Mocha Celis; Luciana Sánchez de Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto; Lohana Berkins de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual  (ALITT); Emiliano Litardo de Abogadxs por los Derechos Sexuales (ABOSEX); Mónica Tarducci de la Colectiva de Antropólogas Feministas; Norma Sanchiz de la Asociación Civil Lola Mora; Diana Aravena de la Agrupación Nacional Putos Peronistas y la Cooperativa de Trabajo La Paquito Ltda; Jackeline Romero de la Corriente Nacional Martin Fierro; Jordana Secondi de Mujeres de la Villa 21-24; Cecilia Merchan de la Agrupación La Colectiva, ex diputada nacional; Sabrina Cartabia de la Red de Mujeres Pilar; las investigadoras del CONICET Dora Barrancos y Marisa Herrera; la titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Maria Elena Naddeo; la secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la UTE/CTERA, Carolina Brandaris; Gabriela Carpineti y Viviana Saidon de ATE Géneros Capital Federal; la secretaria Académica del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, Ana Laura Martin; la titular del Programa de Género y Diversidad Sexual de la Defensoría General de la Ciudad, Josefina Fernández; la profesora adjunta de la facultad de Derecho de la UBA y especialista en género, Paula Viturro; Margarita Ines Belotti y Marta Fontenla de la Asociación de Trabajo y  Estudio de la Mujer (ATEM); Guillermo Agustin Castro del Colectivo Antroposex de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; Darío Arias de Conurbanos Por La Diversidad Jóvenes Por La Diversidad - Colectivo Lanús Diversa; Florencia Minici de Ni una menos, la periodista Florencia Alcaraz y Virginia Franganillo, Directora del Observatorio de Género y Pobreza Argentina y presidenta del parlamento de las Mujeres de la Legislatura de la Ciudad.

La ex legisladora porteña y actual directora de Niñez, Adolescencia,  Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo, señaló durante su intervención que “la defensa de la procuradora es una defensa por una política pública que en materia de justicia supera lo personal, y que tiene que ver con el enfoque de género y de derechos humanos que vemos tan fuerte por primera vez en democracia en el MPF y en la justicia en general”.

Por su parte, Marcelo Sutein, dirigente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), sostuvo que “los ataques a ciertas personas en ciertos lugares del Estado –como por ejemplo a la Procuradora de la Nación- tienen que ver con una intolerancia respecto a las ideas políticas de la procuraduría, respecto del Estado”. Y aseguró que “sin diversidad en la sociedad no hay pluralismo y sin pluralismo no hay democracia. Mal podemos analizar después los valores republicanos y democráticos si no empezamos por lo básico”.

En la misma línea, Lohana Berkins, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), manifestó “un agradecimiento especial no sólo porque empezamos a experimentar en lo que es vivir en un estado de derecho sobre todo en la justicia, donde históricamente fuimos ninguneadas, no reconocidas, sino también a que hoy muchas compañeras trabajan dentro de la justicia. Si esto no es paradoja de la vida, realmente que sería”.

A su turno, la directora del bachillerato trans Mocha Celis, Vida Morant, se dirigió a Alejandra Gils Carbó: “Además de compartir el ferviente apoyo a su gestión, lo que está ocurriendo y se está vibrando hoy acá es una gran emoción. La emoción es una condición humana y creo que es lo que su gestión ha hecho con la justicia, que usted define tan bellamente con la necesidad de que debe bajarse de su pedestal y sacarse la venda de los ojos. Creo que lejos que para plantear una cuestión de privilegio, se quitó la venda de los ojos para mirarnos a los ojos, para llamarnos por nuestros y hacernos sujetos y sujetas de derecho en un estado de democracia y de justicia. En nombre de todas nosotras quiero decirle muchísimas gracias señora procuradora”. La intervención concluyó con un aplauso cerrado.

La investigadora del CONICET Dora Barrancos destacó su apoyo y respaldo a la procuradora y a la política institucional con perpectiva de género y diversidad encabezada por Gils Carbó desde 2012.

Finalmente, Dario Arias, referente de Conurbanos por la Diversidad, resaltó el trabajo desarrollado durante los últimos años desde el MPF “por la inclusión y visibilización en la justicia de las personas que conforman el colectivo LGBT y los sectores populares”.