06 de febrero de 2023
06 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El instrumento fue elaborado por una comisión especial de fiscales
Guía de buenas prácticas para la investigación de incidentes viales
El documento busca unificar los criterios de los representantes del Ministerio Público que tengan a su cargo causas sobre delitos viales. Propone un abordaje integral para la asistencia a las víctimas, recomienda la realización de peritajes técnicos tanto en el lugar como en los vehículos e informes técnicos.

La procuradora general de la Nación aprobó la "Guía de buenas prácticas para la investigación de incidentes viales" redactada por la comisión de fiscales creada en marzo del año pasado con el objetivo de "identificar y analizar los patrones comunes más problemáticos y las medidas indispensables para llevar adelante una persecución eficaz de los delitos de tránsito y atender los requerimientos de las víctimas". Además, Alejandra Gils Carbó encomendó a los representantes del Ministerio Público que intervengan este tipo de casos que apliquen las pautas de actuación del documento.

La decisión se tomó luego de considerar que "resultaba indispensable construir instrumentos y metodologías de actuación sobre la base de las características específicas de esta clase de hechos, sus autores y sus víctimas, y con miras a homogenizar, y dotar de mayor eficiencia y celeridad a la intervención de los distintos fiscales asignados a cada caso".

Durante el proceso de elaboración de la Guía, los fiscales Santiago Vismara, Anselmo Castelli, Laura Belloqui y Fernando Fiszer mantuvieron reuniones con organizaciones no gubernamentales que representan a familiares de víctimas de incidentes viales. También, intercambiaron ideas y recibieron propuestas de los responsables de las Divisiones Ingeniería Vial Forense y Medicina Legal, dependientes de la Superintendencia de Policía Científica de la PFA. Los representantes del Ministerio Público participaron de la XVIII Asamblea Plenaria del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias y opiniones con funcionarios del gobierno nacional y familiares de víctimas de delitos de tránsito.

La Comisión encargó un relevamiento de la información con respecto a recursos técnicos disponibles en el Área Monitoreo de Imagen de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres y en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por último, se invitó a fiscales generales, de instrucción y correccionales, a que hagan llegar propuestas, inquietudes y sugerencias a los fines de homogeneizar y dotar de mayor eficiencia y celeridad las investigaciones.

Medidas

Entre las diligencias propuestas por la comisión para los fiscales que intervengan en causas de esta índole se cuentan:

- Recordarle a las fuerzas de seguridad la obligación de efectuar consultas inmediatamente desde el lugar en que se constate un incidente de tránsito con trascendencia penal, para que el fiscal en cuestión evalúe la pertinencia de concurrir personalmente o por medio de alguno de sus colaboradores.

- Solicitar el secuestro de los rodados y -en caso de corresponder- de los efectos personales de las personas involucradas y de cualquier otro elemento que se encuentre en su poder o en el interior de los vehículos que pueda tener vinculación con las causas del incidente (botellas, cajas de medicamentos, estupefacientes y teléfonos celulares, por ejemplo).

- Requerirse el secuestro del dispositivo de lectura de velocidad de los vehículos (tacómetro), aparatos de localización GPS y cualquier otro que pueda dar cuenta de la velocidad a la que se desplazaban los vehículos.

Por otra parte,  en los casos en que no se hayan removido los vehículos, deberá darse inmediata intervención a la División Ingeniería Vial Forense de la PFA para que confeccione un informe técnico pericial tendiente a determinar la mecánica del suceso, que deberá integrarse con el relevamiento de huellas de frenada y arrastre y su longitud, raspaduras, puntos de impacto, distancias de interés, existencia y ubicación de señales de tránsito y semáforos indicando si funcionaban correctamente, las condiciones de la calzada (el tipo de superficie, estado de conservación, el sentido de circulación, el ancho, cantidad de carriles, la existencia de banquinas), y puntos de referencia fijos (bocas de inspección de cloacas, línea central de las calles, columnas, árboles, etc.).

Esta información deberá registrarse en un relevamiento planimétrico que incluya las ubicaciones finales de personas, vehículos, partes desprendidas de estos, fluidos, restos orgánicos, etc. En la misma ocasión, habrá que dejar constancia del estado de iluminación del lugar, visibilidad y condiciones climáticas. Finalmente deberán obtenerse, en lo posible al momento de la intervención, vistas fotográficas y/o fílmicas desde un punto fijo determinado -de modo de facilitar la reconstrucción de la escena- que brinden una observación panorámica del lugar, así como imágenes detalladas acerca de la ubicación y estado de las personas, vehículos, objetos involucrados, rastros, etc., desde distintos ángulos. Deberán adoptarse las medidas necesarias para su conservación en soportes adecuados.

Reconocimiento del imputado

La Guía también sugiere procurar el inmediato reconocimiento del imputado ante un Médico Legista para verificar su estado de conciencia, posibles signos de toxicidad y ubicación en tiempo y espacio.

Víctimas y testigos

En cuanto a las víctimas de los incidentes, se insta a gestionar rápidamente su derivación y las de sus familiares o personas allegadas al Área de Información y Orientación a la Víctima dependiente de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación. Asimismo,  se considera imprescindible efectuar rápidas averiguaciones en el lugar de los sucesos, como así también en comercios cercanos, sobre la existencia de testigos; de ser así, consignar los datos filiatorios completos, teléfono -fijo y celular- y correo electrónico.

Cámaras y semáforos

La Guía también recomienda solicitar de las filmaciones registradas por cámaras instaladas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comercios, entidades bancarias y edificios cercanos.

Finalmente, sugiere requerir a la Dirección de Señalización Luminosa de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte dependiente del gobierno porteño que informe sobre: la ubicación exacta de los semáforos instalados en las inmediaciones del lugar y sus condiciones de funcionamiento; las combinaciones posibles de esos semáforos -vehiculares y peatonales- y la duración de cada una de las combinaciones posibles (verde-rojo; amarillo-rojo; etc.); y si los semáforos ubicados en las arterias involucradas se encuentran sincronizados de modo tal que el tráfico circule ininterrumpidamente a una velocidad constante (lo que se conoce como “onda verde”).