Desde que la interceptación de las comunicaciones telefónicas se traspasó desde la ex Secretaría de Inteligencia (SI) a la órbita de la Procuración General de la Nación en julio del año pasado, el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) logró reducir el tiempo de conexión en situaciones con riesgo de vida a 20 minutos, cifra que se redujo a 13 minutos en diciembre. Ese dato, plasmado en el informe de gestión, no puede ser soslayado respecto de un caso que tomó trascendencia pública en los primeros días de este mes: el secuestro extorsivo en Lomas de Zamora de Daniel Calderón, cuyos captores pedían dos millones de pesos a cambio de la liberación. La colaboración de la DICOM, hasta hoy a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, con el juzgado y la fiscalía federales y la CDI de la jurisdicción fue de gran relevancia para la conclusión exitosa del operativo. El trabajo mancomunado se realizó durante todo el cautiverio de la víctima, que se prolongó durante más de 3 días, y finalizó con su rescate en el domicilio donde se hallaba, evitándose además el pago del rescate exigido por los secuestradores, quienes fueron detenidos.

Cronología de la intervención de la DICOM

Cerca de la medianoche del 2 de febrero, se produjo el secuestro. En las primeras horas del 3 de febrero, la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo de Sergio Mola (secretaría de Juan Pablo Arci) le dio intervención al DICOM a través de su Unidad de Escucha Directa (UNED) para proceder a la interceptación de diversas líneas telefónicas vinculadas al hecho. Para ello, fue fundamental la fluida comunicación que se estableció entre los distintos actores que colaboraban con la investigación del fiscal Mola, la tramitación rápida de todos los pedidos de interceptación y de titularidades e información asociada que permitió obtener datos claves para orientar la pesquisa y el despliegue operativo de la fuerza policial interviniente: de hecho, se trabajó y procesó en simultáneo el tráfico de comunicaciones de más de 23 líneas telefónicas.

El joven fue trasladado durante el cautiverio a otras ubicaciones. El seguimiento y la georreferenciación se nutrió de la información de las celdas obtenidas y del análisis de las comunicaciones que se registraron. Todo esto aportó datos claves para determinar a los posibles autores del hecho y cerrar el cerco sobre la zona donde se hallaba la víctima.

En relación al allanamiento que culminó con el rescate del secuestrado, también allí se trabajó en forma coordinada para organizar los recursos y prestar la colaboración efectiva “a fin de encarar la delicada medida que implicaba irrumpir en un domicilio a fin de rescatar sano y salvo a Daniel Calderón”, señalaron desde la DICOM.  Además, se detuvo a personas vinculadas al hecho. En la causa interviene el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Santa Marina.

Fugas y capturas en La Pampa

Pocos días antes, el 31 de enero, la DICOM recibió un oficio para colaborar en la investigación por la que se buscaba dar con el paradero de cuatro prófugos que se habían escapado de la Alcaidía de Santa Rosa.

La DICOM procedió a la intervención de las 8 líneas telefónicas requeridas: el análisis de su información asociada y de celdas permitió detener a tres de los evadidos. En la causa intervienen el Juzgado de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Pampa, con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y la fiscal de turno María Cecilia Martini. Asimismo, la oficina hasta hoy a cargo de Caamaño presta asistencia a las autoridades judiciales la Dirección de Inteligencia Criminal de La Pampa y a la Brigada de Investigaciones de la policía de esa provincia.

Doble traspaso

Mediante la sanción de la Ley N° 27.126, modificatoria de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, el año pasado se transfirió a la órbita de la Procuración General de la Nación la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y sus delegaciones. El 29 de diciembre, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 256/2015 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso un nuevo traspaso, esta vez desde la órbita del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el máximo tribunal reprogramó para hoy.