Organizada por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación se realizó ayer una jornada por el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Durante la tarde, en el salón Nelly Ortíz de la Procuración General de la Nación, el encuentro tuvo como finalidad repasar los avances en materia de políticas de consumo y sus correspondientes derechos, como también resaltar los avances que el Ministerio Público Fiscal implementó en esta temática.

La fiscal general ante la Cámara Comercial de la Nación y titular del Programa de Protección de Consumidores y Usuarios, Gabriela Boquin, resaltó que el Estado tiene una cuenta pendiente con la sociedad, ya que “la Constitución no sólo protege al derecho del consumidor en su relación con el proveedor al momento de la deficiencia de servicio o producto, sino que además se establece que debe haber procedimientos especiales para resolver los conflictos”. Para la representante del MPF, “este es un conflicto que no tiene solución en la ley de concursos y quiebras, y no podemos aplicar la misma ley para un empresario que para un sujeto que está sobre endeudado”.

La reunión comenzó con un panel de apertura dirigido por el coordinador del programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores del MPF, Gonzalo Rodríguez, quien detalló el rol que cumple el Ministerio Público. Desde su creación en septiembre del año pasado, el organismo intervino en 182 casos, representando y defendiendo los intereses generales de la sociedad. Para Rodríguez, se busca subsanar “una profunda deficiencia entre el reconocimiento de los derechos y la transferencia de esos derechos a la sociedad”.

Mariana Pan Nogueras, también integrante del Programa, se refirió a las acciones procesales de interpretación del acceso a la justicia gratuita, los acuerdos colectivos, y el derecho a la salud, referido en particular a los aumentos de cuotas de prepagas. “En estos casos nuestra función es vigilar que se cumpla el orden público que establece la ley de defensa del consumidor, que no se violen las normas”, agregó. También, resaltó que, si bien el marco legislativo para educar al consumidor está dado en la ley 24240 de normas de protección y defensa de los consumidores, “no se trata solo de enseñar derechos, porque un consumidor analfabeto o poco informado es muy vulnerable”.

En el siguiente módulo, el secretario del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 18, Carlos Tambussi, destacó el rol de la educación al consumidor y las políticas de consumo. Según su perspectiva, existe un error de interpretación general en la sociedad en el que los derechos del consumidor son vistos como algo menor, cuando en realidad se trata de un ámbito en el que hay muchos valores en juego. Tambussi hizo alusión a los controles de precios, y destacó que el gran desafío que tienen las autoridades es indagar en la cadena de formación de precios, en la que el estado debería centralizar el estudio en sus distintas etapas. En el panel siguiente, Diego Zentner, docente de Derecho de la Facultad de Buenos Aires, concentró su exposición en la temática del daño punitivo.

Después de un intermedio, Federico Álvarez Larrondo, integrante de la Fiscalía Federal de Mar del Plata por el Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores, y Fulvio Santarelli, presidente del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro, Director de producto y desarrollo del mercado legal para LATAM Sur y Andina, debatieron acerca de la implicancia del Derecho del Consumidor en el Código Civil y Comercial de la Nación. Para Álvarez Larrondo, si bien el anteproyecto tenía normas que significaban un retroceso histórico, “esto generó un primer choque hasta que, luego de las modificaciones de la doctrina, empezó a hacerse un código mucho más amigable”. Al momento de referirse a los litigios por daño punitivo que no tuvieron una resolución a favor del consumidor, ambos coincidieron en que esta figura legal “no consiste en pedir, sino también en probar. Lo que necesita el juez son pruebas, sino no se puede avanzar”.

A modo de cierre, Gabriela Boquin, fiscal general ante la Cámara Comercial de la Nación y titular del Programa de Protección de Consumidores y Usuarios, resaltó que el estado tiene una cuenta pendiente con la sociedad, ya que “la constitución no solo protege al derecho del consumidor en su relación con el proveedor al momento de la deficiencia de servicio o producto, sino que además se establece que debe haber procedimientos especiales para resolver los conflictos”. Para la representante del MPF, “este es un conflicto que no tiene solución en la ley de concursos y quiebras, y no podemos aplicar la misma ley para un empresario que para un sujeto que está sobre endeudado”.