La Procuradora General expuso esta tarde en la sede el organismo en Washington, en una audiencia especial en la que estuvieron presentes los comisionados de la CIDH Paulo Vannuchi (quien además se desempeña como relator para Argentina), José de Jesús Orozco Henríquez y Tracy Robinson; el Secretario Ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, y la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré.

En su discurso, Gils Carbó destacó que desde su nombramiento al frente del MPF se crearon cinco Procuradurías con equipos especializados para el abordaje de fenómenos delictivos complejos y con fuerte impacto en derechos humanos, como los procesos por crímenes de lesa humanidad, la violencia institucional, la trata de personas, el narcotráfico y la criminalidad económica. Además, subrayó la importancia del nuevo esquema de organización del Ministerio Público Fiscal formado por 27 distritos fiscales en todo el país, cada uno de ellos con un fiscal coordinador encargado de establecer vínculos con las autoridades políticas policiales y judiciales de ese distrito.

El comisionado Orozco Henríquez señaló que la presentación fue “impactante”, y aseguró que es muy importante para la CIDH que se impulsen desde el Estado estas políticas de defensa de derechos humanos e independencia del Ministerio Público, tal como lo promueve el propio organismo y consta en su informe de diciembre de 2013 “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas”.

Por su parte, la comisionada Tracy Robinson expresó su satisfacción porque “no sólo las organizaciones de la sociedad civil relaten sus conclusiones, sino también el Estado”.
En un ambiente distendido, los representantes de la CIDH destacaron la coincidencia de la audiencia con el 38º aniversario del golpe cívico-militar de 1976. En particular, el relator para la Argentina de la Comisión, Paulo Vannuchi, afirmó que los procesos judiciales contra los represores de la última dictadura son “un ejemplo y un ícono a seguir por otros países en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”.

Al respecto, la procuradora informó sobre los resultados de la política de verdad y justicia y explicó que en la actualidad hay 520 condenados y 1069 procesados por delitos de lesa humanidad. También, subrayó que la jerarquización de la anterior Unidad con la creación de la Procuraduría de Lesa Humanidad representó una mejora en la coordinación del trabajo de los fiscales en las causas y ratificó la intención de avanzar sobre los cómplices civiles y los beneficiarios económicos de la última dictadura.

Durante más de 40 minutos, Gils Carbó recorrió en detalle los resultados del trabajo de cada una de las procuradurías especializadas. En particular, repasó el trabajo de la Procuraduría de Violencia Institucional “que no tiene horarios para recibir las denuncias”, y que en apenas un año realizó múltiples inspecciones en cárceles, comisarías y otras instituciones de encierro. La procuradora remarcó entre los logros de este equipo de trabajo las intervenciones en casos individuales y colectivos y la clausura de pabellones completos en cárceles para garantizar los derechos de las víctimas de violencia institucional.

“Este trabajo garantiza una protección homogénea en todo el país para las personas privadas de libertad y está cambiando el enfoque del sistema carcelario en argentina”, remarcó Gils Carbó.
En cuanto al narcotráfico, la Procuradora destacó los riesgos del combate de este tipo de delitos. Según la propia CIDH, la lucha contra las redes de comercialización de drogas puede traer aparejadas violaciones a los derechos humanos para los grupos más vulnerables. En ese sentido, Gils Carbó insistió en la necesidad de concentrar los recursos “en los estratos más altos de estas redes criminales”.

La procuradora General también reafirmó la importancia de la puesta en funcionamiento del Programa de Género del MPF y aseguró que con su asistencia a los fiscales para garantizar el trato diferencial que este tipo de casos requiere, el programa “contribuye a un cambio cultural en la administración de justicia”.

La titular del MPF recordó además la creación – en conjunto con la Defensoría General de la Nación- de la Escuela del Servicio de Justicia y la Especialización en Magistratura, como parte de una política activa de capacitación de los operadores judiciales con una perspectiva de derechos humanos.