En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante con el objetivo de reforzar el interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todas las personas migrantes, en un contexto mundial caracterizado por la grave vulneración de los derechos de este grupo y de los solicitantes de refugio y asilo, entre otros colectivos en situación de movilidad forzada.

La fecha resulta una oportunidad para visibilizar las intervenciones de fiscales e iniciativas institucionales del MPF para asegurar el respecto y tutela de los derechos de las personas migrantes, en línea con los estándares del derecho internacional y con las disposiciones previstas en la Ley Nacional de Migraciones (N°25871) y su decreto reglamentario.

En particular, deben resaltarse los dictámenes emitidos por magistrados y magistradas de distintas jurisdicciones, así como los presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la procuradora general y los procuradores fiscales, en los que el MPF tuvo la oportunidad de pronunciarse en sintonía con los principios jurídicos internacionales e interamericanos en materia de movilidad humana. Entre estos pronunciamientos, se destacan aquellos que han priorizado el derecho a la unidad familiar en el contexto migratorio, el acceso a derechos sin perjuicio de la situación migratoria y los que promovieron las garantías mínimas del debido proceso en los procedimientos migratorios, en especial la revisión judicial de las decisiones de los órganos administrativos.

Por su parte, una de las líneas de trabajo de la Dirección General de Acceso a la Justicia es brindar información y asesoramiento sobre los programas de regularización migratoria. En tal sentido, las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOS) y las oficinas móviles que funcionan en barrios vulnerables facilitan la regularización migratoria y, de esta manera, contribuyen a reducir factores de vulnerabilidad de estas personas.

Finalmente, la Dirección General de Derechos Humanos alienta a todos/as los integrantes del MPF a seguir trabajando por la correcta aplicación de la Ley de Migraciones y de su decreto reglamentario, teniendo en cuenta los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos en la materia, como los receptados en el informe de la Comisión Interamericana sobre “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aprobado el 31 de diciembre de 2015. En ese documento, la CIDH advierte que uno de los desafíos principales para la vigencia de los derechos humanos de las personas migrantes son los obstáculos que enfrentan con relación al derecho a la protección judicial y el acceso a la justicia.