El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó una nueva versión de la Guía de buenas prácticas para la aplicación de la cadena de custodia en la registración y preservación de la prueba en la investigación penal, que -a partir de la experiencia reunida desde 2019 en las jurisdicciones donde se implementó el Código Procesal Penal Federal (CPPF)- apunta a simplificar la gestión de los elementos de prueba incorporados a los casos penales en el marco del sistema acusatorio para mejorar su agilidad y eficiencia.

La guía fue protocolizada a través de la Resolución PGN 74/2024, que dejó sin efecto la Resolución PGN 76/2019 que contenía la anterior versión.

El documento es el resultado del trabajo de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), junto a la Secretaría de Coordinación Institucional.

Este documento incorpora, entre otras cuestiones, la posibilidad de que aquellos elementos probatorios que ingresen a la órbita de este organismo a partir de la intervención de fuerzas de seguridad federales, lo hagan con el formulario de cadena de custodia previsto, como anexo, en el “Protocolo para la Identificación, Recolección, Preservación, Procesamiento y de Presentación de Evidencia Digital” -aprobado por Resolución MS 232/2023 y Resolución PGN 19/2023-, como así también en el “Protocolo de Actuación para la Investigación Científica en el Lugar del Hecho” –aprobado por Resolución MS 528/2021-, y puedan continuar la gestión de la evidencia con el mismo a fin de simplificar este procedimiento.

También, la Guía incorpora un diagrama de flujo que ilustra el recorrido de los elementos de prueba en las dependencias del MPF, desde su recepción hasta su eventual disposición finaI.

En efecto, la nueva guía aprobada por el procurador Casal introduce nuevas pautas de trabajo para la recolección, conservación y registro de los elementos de prueba que, preservando su integridad y trazabilidad, buscan dotar de mayor agilidad y eficiencia a las investigaciones penales del nuevo sistema procesal penal.