La Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) publicó una guía de aplicación de la ley de migraciones en el proceso de la ejecución de la pena. El documento tiene como meta exponer diversas problemáticas que se suscitan en el marco del proceso de extrañamiento (entendido como tal la expulsión a su país de origen) de un ciudadano extranjero que se encuentra cumpliendo una condena en la Argentina.

A través un análisis de diversos supuestos, en el documento se reseña las posturas que sostiene la UFEP, con fallos vinculados a cada caso, y se incluyen informes estadísticos a los que la Unidad arribó tras procesar datos de fuentes propias y de otros registros públicos, como la Dirección Nacional de Migraciones y el Servicio Penitenciario Federal, entre otros.

Los actuales debates vinculados con la respuesta que desde el Estado debe asignarse al modo de cumplimiento de la pena de las personas extranjeras, refrenda el interés originario de la UFEP y demanda un trabajo articulado de todos los actores involucrados, que aporte datos ciertos, de cara a ensayar políticas públicas que permitan atender a las necesidades de este colectivo.

El informe está organizado en dos partes. En su primer bloque se incluye una reseña normativa y jurisprudencial sobre distintos supuestos que suelen presentarse en la dinámica diario de trabajo en el fuero de ejecución penal. Además, se incluye un anexo estadístico que ofrece un escenario concreto sobre el universo de personas extranjeras condenadas tanto por la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal como por la Justicia Nacional en lo Penal Económico.

Del total de personas condenadas por los Tribunales Nacionales y en lo Penal Económico de la Capital Federal (tanto a pena de prisión como en suspenso), el 16 por ciento son extranjeras, de las cuáles sólo el 8% son mujeres. El 60 por ciento de los condenados a penas privativas de la libertad tiene una pena de cinco años o menos, y el 50 por ciento de las condenas está relacionada con hechos que afectaron a la propiedad, seguido por hechos que involucran al contrabando de estupefacientes, que representan el 13 por ciento de los casos.

Del informe también se desprende que el 31 por ciento de los condenados a penas de prisión de cumplimiento efectivo fueron expulsados, mientras que hay un único caso entre los condenados a penas en suspenso. La baja proporción de personas extranjeras extrañadas da cuenta de las demoras judiciales y administrativas.