En una jornada de doble turno y a sala llena celebrada hoy en el Salón Cultural América, en la ciudad de Salta, fiscales/as, jueces y juezas y operadores/as del servicio de administración de justicia de esa jurisdicción expusieron sobre los desafíos, experiencias y los objetivos pendientes desde la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Salta y Jujuy.

La actividad, organizada por la Procuración General de la Nación y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (AFFUN), reunió a fiscales de otras jurisdicciones, como Rosario y Mendoza, jurisdicciones donde continuará la implementación del CPPF, como a autoridades de la justicia provincial y de las fuerzas de seguridad, entre ellas la Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

En primer término, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, reconoció la voluntad de que Rosario y Mendoza sean las próximas en tener este sistema, ya que -dijo- está comprobado que se trata de un modelo “serio”, dirigido a facilitar el servicio de justicia.

Tras referirse a los pasos previos a su implementación y el acierto de la Comisión Bicameral del Concreso de la Nación al seleccionar a Salta y Jujuy como primera experiencia, Casal resaltó, en ese aspecto, los aportes del senador nacional con mandato cumplido Rodolfo Urtubey y del juez de la Corte de Justicia de Salta, Pablo López Viñals, ambos presentes en la jornada.

Casal calificó los resultados del sistema acusatorio como “notables”, por su mayor “agilidad y eficacia”, y puso de relieve que se consiguieron en base al “gran compromiso” de las y los operadores. Destacó el respeto a los derechos individuales, la transparencia y el control ciudadano, y señaló que estos aspectos se resaltan con este nuevo código, al punto tal que, en los últimos años, contribuyeron a mejorar la imagen de la justicia argentina desde el exterior.

Casal reconoció, en ese sentido, el acompañamiento de la AFFUN en este proceso, al igual que la tarea desarrollada por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA). Dijo que esta Unidad llevó adelante una labor dirigida a facilitar la implementación de este sistema a través del desarrollo de herramientas para un abordaje estratégico, lo que sumó una mejor “dinámica” al modelo. Agradeció, por último, la labor de las y los operadores, tanto fiscales/as, jueces y juezas y empleados/as por su compromiso con este desafío.

De acuerdo a las estadísticas reunidas desde la implementación del acusatorio, el 10 de junio de 2019, a fines de diciembre del 2022, el sistema alcanzó un promedio del 82% de resoluciones sobre los casos abiertos, mientras que, a través del proceso mixto, en el resto del país, ese porcentaje apenas llegó al 43%.

A continuación, el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, expuso sobre las expectativas de la jurisdicción al momento de la implementación, las experiencias vividas en el primer año y cómo su aplicación superó escollos y se afianzó en esa jurisdicción.

En primera persona, aportó detalles sobre la eficacia del sistema, tanto para arribar a resoluciones de conflictos, obtención de condenas y el uso de técnicas especiales de investigación, tanto frente al narcotráfico como en la trata de personas.

Explicó que las definiciones de esos procesos derivaron también en beneficios a la comunidad y recordó al respecto el decomiso de una casa donde funcionaba un prostíbulo, ahora convertida en un albergue para mujeres víctimas de trata, lo que se consiguió en colaboración con el gobierno provincial.

Desde la AFFUN, su presidente y titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, resaltó el cambió del sistema mixto, referente de una justicia “lenta” y “burocrática”, en la cual el expediente era el “rey”.

Admitió cierta resistencia a la llegada del nuevo sistema, y puso de relieve que llegó para “restablecer la credibilidad” de la comunidad en la justicia, que -dijo- ahora se sorprende cuando un caso se resuelve con condena en razón de días, mientras con el mixto demandaba años.

Toranzos distinguió, entre otros avances, el hecho de que el mismo fiscal que inició la investigación sea el que llegue a juicio, y remarcó que ello favorece la administración de justicia y era impensado con el viejo sistema. Valorizó la figura del juez en una posición neutral, dispuesto a escuchar y “enseñar” con sus fallos.

También ponderó el aporte de los equipos de trabajo que están detrás de los fiscales, quienes son los artífices en materia de estrategia, ya sea auxiliares, e incluso los empleados que no son abogados, y reconoció en ellos la pasión por el servicio que prestan.

Balance

En materia de balance, los secretarios de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima, cotitulares de la UNISA, abordaron estadísticas reunidas desde la implementación del acusatorio, el 10 de junio de 2019, a fines de diciembre del 2022, lo cual permitió establecer un importante rango de efectividad del sistema.

Informaron que el sistema acusatorio alcanzó un promedio del 82% de resoluciones sobre los casos abiertos, mientras que, a través del proceso mixto, en el resto del país, ese porcentaje apenas llegó al 43%.

Añadieron que esta ventaja también se adviertía en los casos complejos, pues mediante el nuevo código el promedio de resolución es del 11 %, en tanto que, mediante el mixto, esa cifra es de un 6 %. En cuanto a salidas alternativas, como la suspensión de juicio a prueba, el porcentaje también es muy superior.

Mientras con el proceso mixto esa herramienta fue utilizada en un total de 0,8% de las causas, en el acusatorio se llegó a un 4,7%. También resaltaron el tiempo de resolución, ya que, con el nuevo código, la suspensión del juicio a prueba demandó entre 200 a 260 días, ya sea de casos simples a complejos, en tanto, que con el viejo sistema el tiempo de espera oscila entre los 388 a 496 días.

Casal calificó los resultados del sistema acusatorio como “notables”, por su mayor “agilidad y eficacia”, y puso de relieve que se consiguieron en base al “gran compromiso” de las y los operadores. Destacó el respeto a los derechos individuales, la transparencia y el control ciudadano, y señaló que estos aspectos se resaltan con este nuevo código, al punto tal que, en los últimos años, contribuyeron a mejorar la imagen de la justicia argentina desde el exterior.

A partir de estos números, Olima destacó la decisión política tomada para la implementación del sistema acusatorio y descartó de plano las críticas hechas sin fundamentos, que rebatió con base en aquellos porcentajes.

Indició que el sistema se “consolida” y “evoluciona” de manera favorable y, en ese marco, destacó la labor de acompañamiento de las procuradurías, para luego abogar por la extensión de este modelo al resto de las jurisdicciones.

Casanovas, por su parte, también evaluó como satisfactoria la vigencia del nuevo código, agradeció el trabajo de UNISA y de sus coordinadoras al momento de fijar estrategias, y consideró que aún pueden ser perfeccionadas.

En ese sentido, mencionó algunas herramientas, como el formulario de atención inicial, los protocolos de custodia para el material probatorio y el haber sumado a las fiscalías personal en el área contable y de salud mental, recursos que -explicó- se destacan gracias a un trabajo en conjunto de las y los operadores.