La procuradora general de la Nación informó al Poder Ejecutivo Nacional, al Gobierno salteño y al Consejo de la Magistratura en el mes de septiembre, acerca de la situación de colapso del sistema judicial de San Ramón de la Nueva Orán, reflejada en una auditoría realizada sobre la labor de la fiscalía federal de esa ciudad, cuyo mayor volumen de trabajo está ligado a casos de narcocriminalidad. La auditoría había sido ordenada por la jefa de los fiscales en septiembre de 2012, un mes después de que asumiera como titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La auditoría reflejó grandes dilaciones en la tramitación de las causas en el Juzgado Federal de Orán, la falta de recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad que intervienen en la zona, la necesidad de dotar con mayores recursos humanos a la fiscalía y de capacitar a sus trabajadores, la imperiosa creación del juzgado y la fiscalía federerales de Tartagal -que aliviarían el cuadro de sus pares de Orán- y la carencia de unidades penitenciarias en zonas próximas, para albergar a las personas detenidas en los procesos judiciales. Todo ello, describió la auditoría, en el marco de un extensa y compleja jurisdicción de frontera.

El informe, realizado por tres auditores de la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional de la Procuración fue aprobado por Gils Carbó mediante la Resolución MP 1844/13 del 13 de septiembre pasado y remitido a los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), al Gobierno de Salta y al Consejo de la Magistratura.

Gils Carbó refirió que el informe "podría resultar de interés para el diseño de políticas públicas a cargo de dichos organismos, o para la coordinación del sistema de justicia de San Ramón de la Nueva Orán en orden a la implementación de mecanismos de actuación conjunta relacionados, según el caso, con la temática de la prevención de la drogadicción, narcotráfico, contrabando, control fronterizo, la organización de las actividades de las fuerzas auxiliares, policiales y de seguridad, o el proyecto de medidas penitenciarias y sanitarias".

La puesta en conocimiento del informe al Consejo de la Magistratura, es "en atención a las observaciones efectuadas en los expedientes relevados, respecto de dilaciones en la instrucción que exceden notoriamente los límites que razonablemente pueden admitirse en un proceso penal" y para la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado y de la nueva fiscalía federales de Tartagal, indicó la procuradora general.

Mediante la resolución y en el ámbito de sus propias atribuciones, la procuradora general ordenó el nombramiento de tres nuevos agentes para la fiscalía federal, quienes se suman a otros dos designados dos meses antes. También instruyó al fiscal general ante la Cámara Federal de Salta para que se constituya periódicamente en la fiscalía de Orán con "el objeto de verificar la subsanación de las observaciones funcionales efectuadas en el informe de Auditoría y el cumplimiento de las observaciones" y para que tome "conocimiento directo de los requerimientos que pudiese tener la dependencia".

Gils Carbó además ordenó a la Secretaría General de Administración de la Procuración General que "se tomen los recaudos necesarios para otorgar" a la fiscalía de Orán "una partida especial, dirigida a solventar los gastos que demanden los traslados de los testigos que deban comparecer ante la sede y que no cuenten con medios para ello".

Por otro lado, la procuradora general instruyó a la Secretaría General de Coordinación Institucional para que implemente un curso de capacitación para los agentes de la fiscalía de Orán sobre el uso del Sistema FiscalNet, el sofwarte utilizado por todas las fiscalías del país que contiene en línea la información sobre las causas judiciales y las investigaciones del Ministerio Público Fiscal.

El informe de la auditoría también fue puesto en consideración del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous, quien coincidió con las recomendaciones formuladas y realizó consideraciones propias de su especialidad. La creación de la Procunar en febrero pasado es posterior al informe de auditoría y, desde su puesta en funciones, el organismo a cargo del fiscal Crous monitorea la tarea de la fiscalía de Orán y realiza tareas de asesoramiento.

La situación en Orán

La auditoría sobre la fiscalía federal de Orán fue ordenada luego de un informe remitido por el entonces titular de la SEDRONAR, Rafael Bielsa, quien transmitió su preocupación por la gran extensión y complejidad de la jurisdicción y la reducida planta de personal e infraestructura del juzgado y la fiscalía. La auditoría tuvo el objeto de "relevar el actual funcionamiento general de la dependencia y, en particular, la relación de eficiencia entre el trabajo que afronta y el personal -cantidad y cualificación- con el que dispone para llevarlo a cabo".

Los auditores entregaron el informe el 27 de diciembre pasado y refiere el contexto en el que los operadores del Ministerio Público Fiscal desarrollan su labor. La fiscalía tiene competencia múltiple, es decir, en materia civil, comercial, penal, del trabajo y administrativo en una vasta extensión territorial, que comprende a los Departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya. Las ciudades de Aguas Blancas y Profesor Salvador Mazza lindan con la República de Bolivia y la de Misión de La Paz con la de Paraguay.

"Los límites internacionales repercuten fuertemente en la tipología de delitos en los que debe intervenir la sede fiscal, ya que proliferan los delitos relacionados con el narcotráfico, el contrabando, el uso de documentos apócrifos, infracciones migratorias, trata de personas, violaciones al régimen penal cambiario, tráfico ilegal de divisas, entre otros", indicaron los auditores.

La situación es especialmente compleja por las características topográficas: "la inaccesibilidad de muchas zonas, sea por la vegetación presente, la cantidad de ríos que la atraviesan y la falta de caminos y/o rutas que comuniquen espacios limítrofes del territorio nacional, complejizan la labor de prevención y persecución delictiva", agregaron.

Por eso, los auditores remarcaron la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Tartagal, dispuestas por la ley 26.707, que escindiría los departamentos de Rivadavia y San Martín de la jurisdicción, "podría venir a paliar, parcialmente, algunas de las dificultades descriptas".

Una de las dificultades es el "elevado índice de delegación de la instrucción" de las investigaciones en la fiscalía, lo cual "determina que el porcentaje de causas que tramitan directamente en la fiscalía alcance el cincuenta por ciento total de las ingresadas en la jurisdicción". La auditoría señaló que "esta situación" contribuye "a congestionar la labor cotidiana".

Ello ocurría mientras, al momento de la auditoría, el juzgado, con una dotación declarada de 23 personas, casi triplicaba en personal a la fiscalía, que contaba con nueve agentes.

En este marco, los auditores destacaron "el problema que representa la nutrida cantidad de investigaciones" que "requieren imperiosamente la realización de estudios periciales químicos". Esos estudios están a cargo del Gabinete Científico de la Gendarmería Nacional, "que ve soprepasadas sus capacidades reales para afrontar la tarea", ya que sólo los peritos del Escuadron 20 de Orán "se encargan de la realización de los estudios tendientes a determinar el grado de toxicidad del estupefaciente secuestrado", para lo cual cuentan con un único aparato cromatográfico gaseoso.

El trabajo de la fiscalía

La auditoría también señaló "la existencia de sustanciales y alarmantes atrasos en el trámite de los expedientes, con períodos de inactividad en un altísimo porcentaje de las causas relevadas". Se encontraron casos de tardías convocatorias a prestar declaraciones indagatorias, agregados de presentaciones anteriores de las defensas, situaciones procesales irresueltas y hasta el total abandono del trámite sin respuesta a los requerimiento de la fiscalía. El informe señaló que, en este contexto, el promedio de demora en resolver un pedido de excarcelación supera los ocho días corridos, cuando según la norma procesal debe ser de 24 horas.

La auditoría criticó el criterio restrictivo del fiscal para conceder excarcelaciones por "la falta de argumentos y razones para fundar su criterio o, lo que es similar, la repetición de fórmulas o fundamentos meramente aparentes que lo conducen a propiciar sistemáticamente y como habitual, lo que debería ser excepcional: el encarcelamiento preventivo".

No obstante eso, señalaron los auditores que "existe una sobrecarga de tareas que pesa sobre la dependencia que no es causada por una deficiente dedicación o capacidad de los agentes, sino por otros factores" y, en ese sentido, aconsejaron "arbitrar lo pertinente a efectos de reforzar la planta de personal para remediar la situación y reducir la notoria desproporción" entre los recursos del juzgado federal y los de la fiscalía.