La Procuradora General de la Nación aprobó hoy el nuevo reglamento de declaraciones juradas para integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación. El actual régimen se adecua a lo dispuesto por la ley 26.857 sobre el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios, que fuera sancionada por el Congreso nacional el pasado 8 de mayo, sin perjuicio de las modificaciones que deban realizarse en el futuro cuando el Ejecutivo reglamente otros aspectos de la ley.

De esta manera, el Ministerio Público se convierte en el primer organismo que ajusta sus prácticas a lo dispuesto por la nueva normativa y avanza en un reglamento destinado a lograr que la información recabada sea mucho más amplia y se encuentre accesible de manera sencilla para la ciudadanía.

El Plan de Transparencia Institucional, presentado por Gils Carbó hace dos meses, contemplaba la adopción de diversas medidas para fortalecer el acceso a la información pública. En relación con este tema, planteó como uno de sus objetivos específicos garantizar la publicidad de las declaraciones juradas. Desde esa perspectiva, se consideró imprescindible contar con un nuevo reglamento que incorporara los avances normativos en la materia y estableciera el carácter público, de libre acceso y de consulta gratuita a través de los medios tecnológicos adecuados de las declaraciones juradas patrimoniales de quienes ejercen la magistratura o se desempeñan como funcionarios en el ámbito del MPF.

El nuevo régimen funciona a partir de tres formularios. El primero de ellos es público y reseña, entre otras cosas, la información que según prevé la ley debe difundir la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El segundo incluye una síntesis de esos datos que coincide con lo requerido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por último, el tercer formulario, es de carácter reservado y contiene la totalidad de los datos personales y patrimoniales requeridos, que para la ley 26.857 se encuentran exentos de publicidad.

El actual reglamento dispone también que la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos de la Procuración llevará un registro informático público de las personas obligadas a presentar las declaraciones juradas, así como de su recepción y remisión a la Oficina Anticorrupción. La Secretaría cumplirá además con la función de dar a conocer y establecer las sanciones correspondientes para quienes incumplan con la presentación de las declaraciones juradas.

La resolución aprobada por Gils Carbó prescribe que las declaraciones deberán presentarse hasta el próximo 15 de agosto. Los magistrados y funcionarios obligados contarán con un instructivo y con la asistencia necesaria para completar los datos requeridos. Los formularios se encontrarán disponibles a partir de mañana en la web del MPF.