Durante más de cinco horas, Pablo Parenti, Agustina Calabró y María Inés Vedia brindaron instrumentos necesarios para una eficaz investigación del delito de apropiación de niños durante la represión y para la obtención de muestras biológicas para análisis de ADN que permita restituir la identidad de las víctimas. “Cuando judicializamos nuestras investigaciones preliminares, sólo falta hacer el pedido de ADN. Tardamos cuatro meses en hacerla y otro tanto tarda el Poder Judicial para pedir la extracción. Redujimos más de la mitad los tiempos. Antes tardaban entre 22 y 23 meses”, afirmó el fiscal.

“Los datos que surgen del seguimiento de causas son complementados con información que ingresa a nuestros registros a través de consultas, entrevistas y discusiones que se mantienen con diferentes organismos, públicos y privados”, señaló Parenti al abrir el encuentro.

En ese contexto, afirmó que “pudieron detectarse dos características en la metodología de apropiación: por un lado, la sustracción de los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, en el momento del secuestro de sus padres o en circunstancias conexas, y por otro, la entrega de los niños a familias que les eran ajenas y que procuraron ocultar su verdadera identidad”.

“La conducta típica de una de ellas fue la simulación del embarazo de la apropiadora y la inscripción del niño como hijo biológico. Por ello, la mayoría de los casos cuentan con la participación de profesionales de la salud (médicos, enfermeros, parteras) que intervinieron en los partos clandestinos y en la confección de documentos y registros falsos”, dijo el titular de la Unidad especializada.

Parenti agregó que “la otra modalidad es la que se estructuró a partir del ingreso del niño apropiado al sistema judicial mediante la adulteración de las condiciones de su ingreso mediante la tramitación irregular de incidentes de guarda o adopción, por medio de los cuales se entregaban los niños a las familias que les eran ajenas”.

“Las abuelas (Abuelas de Plaza de Mayo) detectaron problemas en casos de extracción de ADN, cómo organizarlo y cómo hacerlo”, señaló el funcionario y siguió: “tardaban dos años desde la denuncia hasta el momento de la extracción. Es mucho tiempo, es una cuestión biológica, por la edad de las abuelas”.

La jornada se realizó en la sede de la Escuela del Servicio de Justicia, en Humberto Primo 378 1° piso, CABA.

La Unidad Especializada fue creada en octubre de 2012 por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y tiene entre sus principales funciones llevar un registro completo y actualizado de las causas, diseñar estrategias de investigación, asesorar a las fiscalías, efectuar un seguimiento y estudio permanente de la jurisprudencia nacional e internacional y realizar investigaciones preliminares, entre otras.